Tanto por los daños a la salud de la población que las consume (y a terceros) como también por los efectos colaterales negativos en la propia institucionalidad de los Estados, el problema de las drogas se ha constituido en un verdadero desafío. El aumento en los índices de consumo de algunas sustancias psicoactivas en la franja etaria de jóvenes y adolescentes, la baja en la edad de inicio, la mayor tolerancia social frente al alcohol y la marihuana, la amenaza de las drogas sintéticas, el paco y su poder destructivo entre los más vulnerables, la mayor disponibilidad de sustancias, y el fenómeno creciente del narcomenudeo en los barrios así lo demuestran.

Habitualmente, los procesos de toma de decisiones, de planificación y de ejecución de las políticas en materia de reducción de la demanda siguen desarrollándose en la esfera de administración central del Estado, con el consiguiente problema de distancia y adaptación a las características y los problemas específicos de cada municipio, lo que aleja de la realidad y del entorno más próximo al ciudadano vecino.

Se torna necesario redirigir los esfuerzos hacia el empoderamiento de las instancias locales de gobierno, mediante el establecimiento de planes municipales que canalicen la participación y el compromiso de los distintos actores locales en la conformación de verdaderas redes preventivo-asistenciales comunitarias, con una visión holística y multidimensional de la problemática.

Se trata de repensar el problema de las drogas desde un nuevo paradigma de responsabilidad social compartida (que integre a los gobiernos nacional, provincial, municipal, a la comunidad, al sector privado y al ámbito académico), en aspectos relacionados con la prevención, desde el fomento de los denominados factores de protección hasta la inclusión de los sectores más vulnerables como puente de regreso a la sociedad, a la disminución de la deserción escolar, al desarrollo de dispositivos sanitarios locales de atención al adicto, al control de la nocturnidad y la venta de bebidas alcohólicas a menores, a la represión de la oferta de sustancias ilegales, y a la coordinación transversal de todos los actores institucionales que trabajan en el campo de la reducción de la oferta y de la demanda de drogas en el ámbito de un municipio.

Una dificultad importante para comenzar a trabajar la temática es la complejidad de delimitar líneas de base que permitan determinar si las políticas implementadas fueron satisfactorias, o si se requieren ajustes para su replicabilidad. El escenario que se pretende modificar se presenta siempre difuso, basado en valoraciones subjetivas, pero sin indicadores cuantitativos fiables. Y una política pública que no parte de un diagnóstico claro y que no se puede evaluar ni medir, no sirve.

Un intendente sabe mejor que nadie cómo identificar y resolver aquellas demandas vecinales más palpables como las del asfalto, las cloacas o la recolección de residuos, porque la evidencia de éxito es perceptible, es cuantificable. Y esto a menudo se puede traducir directamente en votos. Pero hay otras demandas, que podrían denominarse intangibles, que están más vinculadas con lo que comúnmente se entiende por sensaciones o percepciones. El problema de las drogas, transversal a otros fenómenos como la inseguridad, el ausentismo laboral, la violencia doméstica, el fracaso escolar, la nocturnidad o los accidentes viales, es un claro ejemplo de aquello que se sabe que existe pero al mismo tiempo es sumamente difícil dimensionar (y traducir en las urnas).

Tampoco la dificultad de encarar planes de este tipo se debe a una cuestión de ausencia de financiamiento. El Proyecto Funciones Esenciales de Salud Pública-Programa Prevenir (Banco Mundial), que se trabajó durante varios años desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) a través de la red de Municipios Saludables del Ministerio de Salud de la Nación, otorgaba fondos para el desarrollo de planes locales de drogas. Contadas con los dedos de la mano son las experiencias exitosas surgidas de ese proyecto, y menos aún las que hoy perduran. Al agotarse el dinero, se diluían los esfuerzos preventivos. Y en otros, simplemente el dinero se terminaba destinando a otros gastos. Lamentablemente, en Argentina no existe una cultura de control y rendición de cuentas. Y esto limita cualquier intento de obtener fondos de organismos internacionales.

Por otra parte, diseñar políticas públicas basadas en la evidencia empírica implica aprender también de errores anteriores, porque es dinero público el que se gasta. Repetir recetas fracasadas es darle la espalda a la experiencia. Como a veces sucede con algunos tratamientos de recuperación de adicciones, los planes de capacitación para el desarrollo de políticas municipales sobre drogas han demostrado tener bajísima adherencia. El programa Municipios en Acción, desarrollado durante años en la provincia de Córdoba y ahora extrapolado a la órbita nacional como buque insignia de la Sedronar, es un ejemplo.

¿Por qué fallan (y seguirán fracasando) las estrategias de descentralización y definición de políticas sobre drogas en los ámbitos locales en Argentina?

Porque, al margen de los anuncios, las fotos de prensa y la posibilidad de disponer de financiamiento, se continúa pensando desde el tradicional derrame top-bottom, cuando sabemos que debemos aplicar una estructura de pirámide invertida bottom-top (en la que las bases prevalecen en importancia por sobre el ápice). Esto debe ser así porque las redes son las únicas que perduran en el tiempo como capacidad social instalada, al margen de los vaivenes políticos en cada municipio, en cada provincia. Las administraciones pasan, el compromiso social, los recursos y las estructuras territoriales quedan. Este es el principal desafío: empoderar a la comunidad.

El autor es analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas. Licenciado en Comunicación Periodística (UCA) y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO). Ex becario del Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.