El debate de la reforma electoral se ha abierto y está en pleno tratamiento y discusión en el Congreso Nacional argentino. Sin embargo, cuando leímos el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, notamos que algo faltaba: no se hacía mención a la paridad en las listas de candidatos.

Hoy nadie —aunque más no sea por ser políticamente correcto—se animaría a afirmar que los hombres y las mujeres no tenemos idénticos derechos de participar en forma equitativa y equilibrada en el ámbito de representación política. Pero lo que sí sucede sistemáticamente es "el olvido", intencional o no, pero olvido al fin.

Pocas veces está en la cabeza de los hombres la incorporación de la temática de perspectiva de género en este tipo de discusiones, en las cuestiones que creemos importantes para la transformación de la sociedad argentina.

Sucedió con la postulación de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia y sucede nuevamente con la paridad electoral en la reforma política.

Con la reciente incorporación de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la composición de la Corte Suprema de Justicia no sólo se incumplió con el decreto 222/2003, cuyo artículo 3° pide que se considere la diversidad de género en la selección de candidatos, sino que se materializó el desequilibrio de género en la Justicia argentina, a pesar de la existencia de acciones positivas, pero que evidentemente no aseguran la participación equitativa de varones y mujeres.

¿Será que incomoda la idea de compartir el poder? La dificultad reside en que nadie podría negarse a compartir lo que no es propio. Los espacios de poder no corresponden a un género determinado, se pelean en igualdad de condiciones.

La participación igualitaria de varones y mujeres en los ámbitos de las instituciones políticas es un valor, enriquece e integra; sin dudas, es la única manera de terminar con la desigualdad en todos los aspectos de la vida privada y pública.

Incorporar a nuestra legislación la ley de paridad significará retomar para la Argentina la posición pionera a nivel mundial que alguna vez detentamos orgullosamente en tanto representación de las mujeres en la política. La ley de cupo sancionada en 1991 marcó un quiebre y, desde ese momento, cada vez más mujeres pudieron acceder a cargos en la política. Pero lo que en su momento significó un gran avance hoy es un techo de cristal, ese límite invisible del que pocos se responsabilizan, pero que está presente y sigue resignando espacio a las mujeres.

Desde ya que existen otros ámbitos, como el sindical o las asociaciones profesionales, en los que la subrrepresentación de las mujeres es notoria en los espacios de conducción.

Un reciente informe del Ministerio de Trabajo de la Nación difundido en los medios de comunicación nos ilustra numéricamente acerca de la poca cantidad de mujeres en la dirigencia de los sindicatos. Las mujeres están presentes, participan activamente y movilizan a la par de sus compañeros, pero, al momento de las conformaciones de las comisiones directivas, no existe la misma participación equilibrada y mucho menos en los cargos más altos. Está claro que aún no hemos sido capaces, tampoco, de generar mecanismos de ascenso igualitario en las estructuras sindicales.

Incorporar la paridad política nos dará esta oportunidad. La posibilidad de ejercer y profundizar una verdadera democracia paritaria en la que hombres y mujeres podamos juntos tomar decisiones que mejoren la vida de todos los ciudadanos, entendiendo que los espacios de poder en los que nos desarrollamos no son propiedad de nadie.

La política es la herramienta para transformar la realidad y no podemos permitirnos que un "olvido" en la discusión de la reforma política siga relegando los derechos de las mujeres de participar en la toma de decisiones.

La autora es diputada del Frente Renovador.