En 2013, durante el programa "Mano a mano" que conduce el periodista Gabriel Hernández un oyente opinó sobre el fallecimiento del hijo del gobernador Gildo Insfrán. Si bien el conductor omitió realizar comentarios al respecto, Insfrán le inició una acción judicial reclamando por la afectación de su imagen pública, así como a la memoria de su hijo.

El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia N°1 de la provincia de Formosa hizo lugar a la demanda, posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones, que condenó al pago de 1.200.000 pesos a Hernández y a Andrea Cóspito, compañera en el programa que no estuvo presente ese día, conjuntamente con la propietaria de la emisora FM 100.3 Fantasía y a los directivos responsables del Diario Opinión Ciudadana y Diario Digital La Corneta Noticias, medios que replicaron aquel episodio.

El resultado arribado por ambas sentencias es contrario a la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), de cuya interpretación surge que la reproducción fiel de una opinión de ideas o información no da lugar a responsabilidad, incluso cuando ello no es correcto o tiene la potencialidad de dañar el honor de otra persona.

Este caso reviste gravedad por dos cuestiones centrales: atenta contra los derechos y libertades fundamentales y hace visible el autoritarismo que gobierna en la provincia de Formosa.

Ante semejante hecho es fundamental que recordemos que la libertad de expresión está consagrada internacionalmente en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que gozan de jerarquía constitucional.

En este contexto, es necesario mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que la libertad de expresión no se agota en el mero reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino que abarca la posibilidad de utilizar cualquier medio para difundir pensamientos, opiniones y llegar al mayor número de personas. En este sentido es imposible soslayar la doble dimensión que tiene, ya que incide no sólo en el plano individual del comunicador, sino que además repercute en toda la sociedad al limitar la posibilidad de los individuos de recibir informaciones e ideas.

En el caso "Kimel vs. Argentina", la Corte Interamericana interpretó que los servidores públicos no se encuentran en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Corresponde a éstos un nivel de protección diferente a los demás individuos. Es decir, las personas que ocupan cargos representativos, como en este caso el gobernador Insfrán, deciden de manera voluntaria exponerse a la crítica del público. Ello se justifica en la necesidad que existe en una sociedad democrática de la participación de distintos sectores y la información de diversas opiniones.

En el caso de Gabriel Hernández la cuestión se profundiza aún más si tenemos en cuenta que las expresiones que el gobernador de Formosa considera injuriosas, ni siquiera fueron vertidas por el periodista.

Podemos vincular esta situación con las expuestas en el amicus curiae (amigos del tribunal) respecto del caso "Uzcátegui vs. Venezuela", del cual participé como secretaria ejecutiva de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información en el 2011 ante la Corte Interamericana. Allí, el señor Uzcátegui denunció en los medios a un funcionario venezolano por el asesinato de su hermano. Esto dio lugar a una querella por difamación que generó un efecto intimidante para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

La presentación que acompañé en aquel momento demostró cómo operan los mecanismos que judicializan la opinión en distintos países y provocan no sólo el padecimiento diario y personal, sino también profesional como la autocensura de los periodistas.

Junto con los diputados del Interbloque Cambiemos presentamos una declaración de repudio ante esta lamentable situación que atenta contra los derechos de Gabriel Hernández y de los otros condenados. Queremos que Argentina termine de una vez con mecanismos autoritarios que atacan las libertades de los ciudadanos y ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.

La autora es diputada nacional (Provincia de Buenos Aires – UCR/Cambiemos) y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión.