Las declaraciones del presidente Mauricio Macri a una agencia de noticias de México despertaron un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que nuestro país avance hacia una posible flexibilización normativa que permita legalizar la producción de marihuana para fines medicinales.

La inminente actualización de la ley de estupefacientes 23737 ya fue anunciada en mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A pesar del fuerte empuje del sector más "libertario" del oficialismo, en el proyecto ni se mencionaría la palabra "regulación", ni mucho menos "legalización". Sí existiría pleno consenso en torno a la necesidad de hacer una clara distinción entre consumidor y traficante que permita centrar todos los esfuerzos en atacar el crimen organizado. También en cómo reemplazar el reproche criminal-penal por otras herramientas sancionatorias más proporcionales, pero sin diluir el concepto de "peligro estadístico" o abstracto.

En el caso de que finalmente se avance con un proyecto que coordine el derecho legal con el jurisdiccional, introduzca modificaciones en la ley 23737 (tal como se expidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al artículo 14) y estipule claramente la dosis umbral entre uso personal y posible comercialización, la discusión sobre la tenencia de marihuana con fines medicinales sería anecdótica.

Cabe recordar que, en el fallo Arriola de 2009, la Corte dictaminó la inconstitucionalidad de penar la tenencia de drogas para consumo personal en el ámbito privado, pero no especificó el límite legal de lo que debe considerarse, inequívocamente, como una dosis máxima por persona.

Arriola simbolizó algo así como un quiebre entre lo normativo y lo positivo, entre la ley vigente y lo que se comenzó a interpretar como válido. El imaginario social desde entonces se fue modelando al amparo de una supuesta luz verde para el consumo de marihuana, especialmente entre los adolescentes. Las estadísticas de prevalencia de consumo y la mayor percepción de disponibilidad de sustancia son prueba de ello.

La indefinición legal también ha permitido que, con el creciente garantismo judicial de los últimos años, el criterio jurídico imperante terminara convirtiendo a los dealers en "perejiles", lo que ampara la expansión del microtráfico en Argentina. Fue justamente el mismo Macri, por entonces jefe de Gobierno porteño, una de los políticos que manifestó públicamente su disconformidad con aquel fallo de la Corte, por entender que la despenalización era un error. "No contribuye a la seguridad en la Argentina", dijo.

Resulta claro que el Presidente, acostumbrado, por su formación profesional, a evaluar las problemáticas desde múltiples aristas, no avanzará un milímetro hasta tanto no estar plenamente convencido y seguro de estar dando el paso correcto. Analizar con cautela la legalización de la marihuana es una prolija (y pragmática) manera de no sentar definiciones políticas apresuradas, más cuando se ha estado desde siempre en la vereda contraria a la flexibilización de las leyes sobre drogas.

Y a pesar de los titulares de muchos medios locales, que proclamaron una suerte de pronunciamiento oficial favorable a la legalización, las declaraciones de Macri a Notimex dan un claro indicio de que su perspectiva sobre el tema se mantiene inalterable: "Hay que tener mucho cuidado con estas reformas que al principio parecen muy atractivas y después terminan siendo un búmeran".

 

@woodesteban

 

El autor es analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas. Licenciado en Comunicación Periodística (UCA) y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO).