Hay momentos en la historia en los que se percibe una tendencia al cambio, aunque todo cambio produce también su propia resistencia. Como decía el sabio, asistimos entonces al proceso de la presencia de: "lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer". Tal vez se pueda señalar la pertinencia de esta caracterización provisoria frente al fenómeno de la patota sindical.

La semana pasada concluyó el juicio oral y público con tribunales populares -una experiencia que empieza a desarrollarse en el ámbito judicial local- contra los acusados de integrar la patota de la UOCRA, gremio de los constructores dirigido por el (¿ex?) hiperkirchnerista Gerardo Martínez. El 11 de marzo de 2014 una protesta realizada en un obrador de Lomas de Zamora en reclamo de puestos de trabajo fue atacada por una patota armada del sindicato que disparó balas de plomo y ocasionó la muerte de Darío Ávalos e hirió de gravedad a otros trabajadores. Los atacantes se habían concentrado en el puente de Lomas y desde allí se dirigieron hacia el obrador en autos y camionetas de las que bajaron disparando a los manifestantes y persiguiéndolos durante varias cuadras. Intentaron ahogar a uno de los albañiles que protestaba en el arroyo. Ávalos, que escapaba, recibió un tiro en la espalda. Aún así pudo subir a un colectivo, que los manifestantes obligaron a parar, y llegar al hospital Evita Perón, donde falleció desangrado.

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron los acontecimientos y los registraron en toda su crudeza. Las imágenes muestran la inacción policial, y cómo salen también miembros de la patota del obrador, es decir, que permanecían dentro con anuencia de la empresa, propiedad de Esuco S.A. El cruce de las llamadas telefónicas permitió comprobar la planificación previa de los acontecimientos y la ubicación desde donde partieron los atacantes. El jefe del operativo fue Walter "El Lobo" Leguizamón, ex secretario general de la UOCRA de Lomas de Zamora y miembro del riñón político de Gerardo Martínez. Leguizamón se encuentra prófugo de la justicia. Alejandro Jara y Albero Albornoz, dos de los tiradores identificados por las cámaras mientras apuntaban contra Ávalos y los otros manifestantes, fueron hallados culpables de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos  o más personas y deberán cumplir prisión perpetua. Otros dos miembros de la patota, los hermanos Javier y Héctor Cabrera -hijos del segundo del Lobo Leguizamón- y Chuquimia Romero y Cáceres Paredes fueron condenados por homicidio en agresión y les corresponden penas que van desde 2 años a 10 años de prisión. La querella que representa a los familiares de Darío Ávalos -representada por la doctora Claudia Ferrero, de APEL, y la misma abogada que logró la condena del sindicalista José Pedraza en el caso Mariano Ferreyra- anunció que pediría el apresamiento y juzgamiento del "Lobo" Leguizamón y su segundo y padre de dos de los patoteros asesinos, Héctor Cabrera. Las condenas implican un duro golpe no sólo a la conducción sindical de la UOCRA, sino al método patoteril en su conjunto.

Un método que se volvió a repetir el lunes por la madrugada, cuando una patota irrumpió en las instalaciones del diario Tiempo Argentino con la intención de romper los elementos de trabajo de los periodistas que realizan su labor en forma cooperativa. La patota al mando del empresario Mariano Martínez Rojas estaba formada por veinte personas, ligadas a la seguridad de eventos de espectáculos, que destrozaron las redes y los servidores de la redacción. Sólo pararon su acción cuando los trabajadores advertidos de la irrupción de la patota ingresaron al diario y lograron su retirada. El periodista José Cretazz publicó en La Nación los vínculos de los anteriores dueños con el kirchnerismo y también con el gobierno actual. Martínez Rojas y los patoteros fueron imputados por el Ministerio Público porteño por los daños ocasionados.

El método de la patota no está erradicado y aún produce víctimas. Pero desde el caso Mariano Ferreyra es posible señalar que la movilización y el reclamo de justicia puedan hacer pensar dos veces a quienes quieran utilizarlas con fines políticos. La condena a los patoteros de la UOCRA y la reacción frente a los patoteros de Martínez Rojas podrían indicarlo así.