La detención de José López nos ha hecho vivir una secuencia digna de una película de Almodóvar. Un relato que, dada su inverosimilitud, no se hubiera animado a escribir el más arriesgado autor de realismo mágico. Sin embargo en la Argentina ocurre. Es una página más del derrotero de "ollas destapadas" que han aparecido desde que finalizó la era K. Quienes nos sorprendimos cuando vimos a los habitantes de la Rosadita contando billetes de la manera más desfachatada, no pudimos sino sobresaltarnos frente al episodio protagonizado por el segundo Lopecito del peronismo. En el primer caso se trataba de dependientes de empresarios de la obra pública, pero en este último de uno de los principales funcionarios de la "década ganada" tirando bolsas repletas de millones de dólares billete, junto a otros valores. El vínculo evidente con una institución religiosa y la aparición de una monja nonagenaria abriéndole la puerta al ex Secretario de Obras Públicas de la Nación a altas horas de la noche, aparentemente  facilitándole la coartada, pone de manifiesto un estado de cosas en el cual hasta las más insospechadas instituciones se han visto mancilladas por la corrupción.

La fuerza de esta imagen ha sido tal que, independientemente de que gran parte de la sociedad ya fuera consciente de lo que sucedía durante las administraciones Kirchner, los hechos propios de una película negra, la han sacudido de tal manera que han marcado de modo rotundo el fin de una época. Por primera vez, muchos de los más empecinados defensores de la supuesta revolución K expresan su frustración y piden una rendición de cuentas. Los reclamos se dirigen inclusive a Cristina Fernández. El pedido de Coco Silly de que "dejen de bailar en los balcones y bajen a dar explicaciones" o el dramático arrepentimiento de Diego Brancatelli símbolo de militante "nac and pop todo terreno", resultan por sí solos muestras acabadas de ese desánimo.

¿Cómo se pudo consumar el saqueo del Estado por parte de quienes decían protegerlo?, ¿cómo fallaron los controles que debieron impedir que se extendiera durante más de una década?, ¿qué hacían los jueces y fiscales frente a tantas denuncias y procesos contra funcionarios del más alto nivel sin que ninguno llegase a "buen puerto"? Las preguntas que hoy se hace la sociedad son muchas, pero la última es la que adquiere mayor relevancia. Hemos vivido en el marco de la más repugnante impunidad. Se nos decía que la corrupción existía en todas partes, que no debíamos inquietarnos, que lo que importaba era que se estaban haciendo las cosas bien, una variante del "roba pero hacen" de la década menemista. Estas expresiones ponen de manifiesto la gran indolencia de una porción mayoritaria de los argentinos y nos obliga a interpelarnos para que estos acontecimientos no se repitan. Pero la mirada complaciente de la sociedad de ningún modo justifica la actitud de los magistrados y de los integrantes del Ministerio Público, encargados de la aplicación del Código Penal y de velar por la defensa de la integridad del patrimonio del Estado. La actuación de gran parte de ellos ha sido vergonzosa, en muchos casos se ha tratado del más burdo encubrimiento, en otros, del incumplimiento manifiesto de los deberes de un juez, y en otros, tal vez, el producto del miedo que imperó contra todo aquél que se animaba a afectar los interesas de la "cleptocracia" que gobernó a la Argentina durante tanto tiempo.

Llegados a este punto no podemos sino expresar que el problema más serio que nos aqueja es el mal funcionamiento del Poder Judicial. Estamos frente a una broma macabra cuando comprobamos que quien debe juzgar a Lopecito es Daniel Rafecas, el mismo magistrado que durmió el expediente durante años. El que enviaba mails al abogado de Boudou en el marco de una causa que estaba a su cargo. El que en un santiamén desestimó la denuncia de Nisman enriquecida por el fiscal Pollicita. En Rafecas recayó la causa Hotesur luego del apartamiento ilegal de Bonadio, lo que permitió que durante nueve meses durmiese en un depósito del Poder Judicial.

Nos preguntamos si es posible que se lleven a cabo episodios tan vergonzosos sin que actúe el Consejo de la Magistratura que es el responsable de la acusación de los jueces federales y de asegurar la administración y el buen funcionamiento de la Justicia. Cabe recordar que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hace ya varias semanas, le solicitó al Consejo que procediera auditar a los juzgados de Comodoro Py, sin embargo nada ha sucedido, a pesar del compromiso asumido formalmente por este órgano. El recorrido que hemos efectuado nos produce frustración y hartazgo y exige de una sociedad que ha madurado y que decidió en las últimas elecciones un cambio rotundo de rumbo, que continúe manifestándose pacíficamente para sacudir a las instituciones, en particular a la justicia. Ello permitirá que se condene a quienes han incurrido en hechos de corrupción, tanto gobernantes como empresarios y sindicalistas, entre otros, que han sido las piezas necesarias para que la Argentina cayera en la decadencia en la que está sumida. Si así ocurriese resulta previsible avizorar un futuro en el que quienes nos sucedan puedan vivir en una Argentina donde la decencia y la excelencia sean premiadas y el latrocinio, los sobornos y la extorsión merezcan los más severos castigos.

 

Profesor titular de Derecho Constitucional (UBA)