Hace unos días se conocieron las últimas estimaciones sobre la situación de América Latina en materia de seguridad ciudadana. El estudio, correspondiente a un prestigioso instituto brasileño, confirma que el espacio latinoamericano registra los mayores niveles de violencia del orbe, exceptuando las áreas que atraviesan conflictos armados abiertos. En términos porcentuales, América Latina es responsable de más del 30% de los homicidios mundiales, pese a contar con menos del 10% de la población; al mismo tiempo su tasa de homicidios violentos supera en más de tres veces el promedio global. En guarismos absolutos, unos dos millones y medio de ciudadanos latinoamericanos perdieron la vida desde inicios de siglo de manera violenta, en su enorme mayoría a través de homicidios intencionales.

La violencia latinoamericana presenta algunas particularidades. En primer lugar, tiene un sesgo nítidamente urbano. Los relevamientos que hace años realiza la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública indican una y otra vez que al menos nueve de las diez ciudades más violentas están en América Latina, que siempre monopoliza los siete primeros lugares. Las variaciones se observan, en todo caso, en los núcleos urbanos más afectados: las ciudades aztecas relegaron su predominio ante urbes centroamericanas, aunque de un lustro a esta parte Caracas se consolidó en la nada envidiable primera posición.

La segunda particularidad de la violencia en la región es que no encuentra sus principales explicaciones en cuestiones económicas, aunque las disparidades en materia de ingreso son las más acentuadas del planeta. Más aún, la seguridad se deterioró al mismo tiempo que millones de latinoamericanos experimentaban una sustancial mejora en sus niveles de vida. Esta singularidad ha sido subrayada en más de una ocasión por el propio Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos.

La violencia latinoamericana anida mucho más en la criminalidad organizada que en la economía. Una criminalidad que encuentra su principal manifestación, aunque en modo alguno la única, en el fenómeno de las drogas ilegales, en sus diferentes fases (cultivo, procesamiento, tráfico, comercialización mayorista y minorista). Los mapas de la violencia guardan correlación con las rutas de trasiego de esas drogas, desde sus lugares de origen hasta sus mercados de consumo final, tanto dentro como fuera del continente. No es casual que México, antesala de la droga latinoamericana a Estados Unidos, donde decenas de cárteles pujan entre sí por controlar el acceso al mayor mercado de consumo del mundo, cuantitativamente sea el país más violento del continente y uno de los diez más violentos del mundo (solo superado por países como Siria, Afganistán, Nigeria o Irak), de acuerdo con un reciente relevamiento de la Universidad de Uppsala.

Una sustancial mejora en los estándares de seguridad en la región latinoamericana demanda, ante todo, un decidido compromiso de sus gobiernos en combatir la criminalidad organizada en todas sus formas, más allá de lo meramente declarativo. Un compromiso que demanda el incremento de la cooperación con otros Estados azotados por el mismo flagelo, pues no existe forma de alcanzar el éxito contra una amenaza transnacional a partir de conductas unilaterales.

El autor es profesor titular del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.