Las recientes medidas de fuerza adoptadas por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) generaron un fuerte impacto en la logística y el comercio exterior de Argentina. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional dispuso una conciliación obligatoria por 15 días, anunciada este martes por la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, liderada por Julio Cordero, y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Esta medida busca dar un margen de maniobra para las negociaciones y evitar que las medidas sindicales agraven los problemas en la operativa logística.
Los sindicatos habían intensificado las medidas de fuerza en rechazo a la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La paralización de actividades y los apagones informáticos que se llevaron a cabo como medidas de fuerza frenaron la emisión de documentos de importación y exportación, el despachos de aduana y la liquidación de derechos de exportación, afectando el normal flujo de mercaderías a nivel nacional e internacional.
Según informó el organismo gubernamental, la medida tiene como objetivo principal desactivar el conflicto gremial para evitar una mayor acumulación de trámites y contratiempos logísticos, así como minimizar los costos adicionales para las empresas que dependen de una operatividad aduanera estable. La disposición incluyó una convocatoria a las partes a una audiencia programada para el próximo lunes a las 11 horas, en un intento por alcanzar una solución negociada que contemple las demandas gremiales y el plan de reestructuración del organismo recaudador.
Acumulación de trámites y pérdida de confianza internacional
El paro afectó directamente a la logística, especialmente en puertos y centros de distribución donde se acumuló una gran cantidad de trámites y gestiones pendientes para el comercio exterior. La interrupción en la emisión de documentos de exportación e importación y el control de mercaderías generó demoras en los embarques, reprogramación de entregas y, como consecuencia, un incremento en los costos logísticos para los exportadores. Algunos operadores advirtieron que esta situación podría derivar en contratos incumplidos o penalidades contractuales en mercados internacionales, especialmente en un momento de alta demanda de exportaciones argentinas.
Las empresas del sector advirtieron que esta situación no solo implica mayores costos operativos, sino que también aumenta el riesgo de pérdida de competitividad internacional. La suspensión de actividades y la paralización de las plataformas informáticas de gestión aduanera afectaron la percepción de Argentina como un socio comercial confiable, en un contexto donde la agilidad y eficiencia en las operaciones son claves para mantener relaciones sólidas con los mercados globales. Estas demoras podrían representar no solo una pérdida económica, sino un deterioro en la confianza de los clientes internacionales, quienes dependen de tiempos específicos y acuerdos ya establecidos.
Además, la preocupación por la posibilidad de que se repitan las medidas de fuerza sigue vigente y podría concretarse si no se alcanzan acuerdos concretos en las instancias de negociación previstas. Los apagones informáticos previos habían evidenciado ya la vulnerabilidad de la estructura logística ante paros prolongados, que dificultan la operatividad de la nueva agencia ARCA y complican los controles de ingreso y salida de mercaderías. La capacidad de procesar rápidamente la documentación es crucial para evitar atrasos y congestiones en los principales puntos de entrada y salida de productos.
El contexto de conflicto plantea un desafío para el Gobierno y las autoridades de la nueva agencia ARCA, quienes buscan reconvertir el organismo recaudador en medio de una tensa negociación con los sindicatos. Sin embargo, el foco permanece en cómo mitigar los efectos de las medidas gremiales para asegurar la continuidad de las operaciones logísticas y comerciales que dependen de la estabilidad aduanera en Argentina.
En este escenario, la efectividad de la conciliación obligatoria será clave para reducir la acumulación de trámites y asegurar que los puertos y centros de distribución puedan mantener un flujo continuo de mercancías. Asimismo, se espera que en las próximas audiencias se definan lineamientos concretos para la nueva estructura de la agencia ARCA, atendiendo tanto las demandas de los gremios como los objetivos de reconversión del Gobierno. El desenlace de este conflicto resulta fundamental para preservar la competitividad de Argentina en el mercado internacional y para garantizar la continuidad de las operaciones de comercio exterior.