Defensores ambientales bajo amenaza del crimen organizado y sin protección del Estado: CEMDA

Los defensores ambientales en México viven bajo una amenaza constante y mortal, según el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) debido a que el crimen organizado ha profundizado su control sobre territorios ricos en recursos naturales.

Mientras tanto, la complicidad o ausencia del Estado deja a quienes protegen la tierra, los bosques y el agua en una situación de vulnerabilidad extrema.

Así, la violencia contra los defensores ambientales no sólo persiste, sino que se ha vuelto más letal, según un informe elaborado por investigadores del CEMDA y aunque en 2024 se registró una disminución en el número total de eventos violentos respecto a 2023, los ataques con resultado de muerte aumentaron.

Defensores ambientales en peligro

En 2014 se documentaron 78 agresiones y cuatro letales, cifras que ya eran preocupantes, pero que han sido superadas en años recientes, con más de 100 agresiones identificadas, de acuerdo con información publicada por InsightCrime, citando una investigación realizada por Felipe Romero e Itzel Arteaga.

La geografía de la violencia abarca múltiples estados, pues hay personas amenazadas en Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California; muchas han optado por no compartir información por temor a represalias.

Romero detalla que la presencia del crimen organizado se extiende también a Michoacán, Colima y Jalisco. Arteaga añade que en Chiapas la disputa territorial entre grupos criminales genera numerosas agresiones que ni siquiera logran documentarse, ya que el miedo impide el contacto directo.

En la Sierra Tarahumara de Chihuahua, la situación ha llegado al punto en que comunidades enteras han sido desplazadas. “Ya no hay maestros, no hay médicos, no hay abogados, no hay gente en las comunidades, porque el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte”, afirma Arteaga.

Además, afirmó que el papel del crimen organizado en los megaproyectos es central, explicando que estos proyectos involucran al Estado, empresas privadas y grupos criminales, señalando que las principales víctimas son las comunidades indígenas, mismas que defienden los territorios conforme a su cosmovisión y, por ello, se convierten en los blancos más frecuentes.

“No es casualidad que sean las principales atacadas, dado que son los guardianes de los territorios en donde se pretenden implementar los megaproyectos”, sostiene Arteaga.

En regiones donde el Estado ha perdido presencia, los grupos criminales actúan como poderes de facto. Un ejemplo de ello es mencionado por Romero, quien puntualiza el caso de la comunidad de Ostula en Michoacán, donde la ausencia estatal ha obligado a las comunidades a organizarse en policías comunitarias o autodefensas para enfrentar al crimen organizado.

“La desaparición es un ejemplo claro de la presencia del crimen organizado, de la ausencia del Estado, de la lucha que tuvieron que hacer las comunidades para organizarse y conformar una defensa armada, realmente, porque no hay de otra”, explica Romero.

Además, Romero relata que la colusión entre autoridades y crimen organizado agrava la situación, pues Higinio Cruz en Guadalajara, un defensor ambiental que se oponía a la deforestación y a proyectos mineros, fue citado por una autoridad municipal, entregado al crimen organizado y posteriormente hallado sin vida.

“Este tipo de ejemplos visibiliza el tipo de problema más grave que se está presentando en México, con ciertas características: comunidades indígenas, territorios con recursos naturales, presencia del crimen organizado, intereses de empresas mineras o transnacionales en esos recursos, ausencia del Estado, y la presencia de agresiones letales y otros tipos de agresiones en contra de personas defensoras y de las comunidades”, resume Romero.

El informe también documenta un aumento en las tácticas de criminalización. Arteaga explica que los líderes de movimientos opositores a megaproyectos suelen ser acusados falsamente mediante el uso de instituciones estatales, a veces incentivados por empresas privadas.

“Las empresas denuncian a las personas defensoras y el Estado se presta para llevar la investigación en contra de una persona defensora, sin tomar en consideración este contexto”, señala Arteaga.

Además, Romero recuerda el caso de un abogado en Quintana Roo que, tras presentar una acción legal contra un proyecto inmobiliario sin autorización ambiental, fue objeto de allanamiento, congelamiento de cuentas y acusaciones penales: “recuerdo bien la nota que decía que el abogado estaba presentando una acción legal sin tener razón. Era como absurdo”.

En cuanto a la respuesta estatal, Romero destaca el Acuerdo de Escazú como una oportunidad relevante, pues considera que este acuerdo internacional obliga a los estados a garantizar contextos seguros para la defensa ambiental y a implementar acciones preventivas, así como mecanismos de protección.

Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la voluntad política de quienes ocupan cargos de decisión, según Arteaga, pues señala que en ciertos periodos ha existido una línea de estigmatización hacia los defensores, lo que ha dificultado la colaboración con organizaciones de la sociedad civil.