Aseguran que Marianne “N” ya estaba “siguiendo” a Valentina Gilabert días antes del ataque

Valentina Gilabert, una joven modelo que fue víctima de un violento ataque con arma blanca, ha mostrado señales de recuperación tras permanecer en estado crítico. Recientemente, la joven despertó del coma inducido y se espera que pronto sea trasladada fuera de la unidad de terapia intensiva.

Este avance en su estado de salud ocurre días después de que las autoridades vincularan a proceso a Marianne “N”, una influencer señalada como la presunta responsable del ataque.

El incidente, que tuvo lugar el pasado 5 de febrero, dejó a Valentina con al menos 14 heridas de arma blanca, según detallaron las autoridades. La gravedad de las lesiones puso en riesgo su vida y generó una gran conmoción en la opinión pública. De acuerdo con los reportes, el ataque habría sido motivado por celos relacionados con una relación sentimental que la víctima mantenía con el padre de la hija de la acusada.

Recientemente, fueron filtradas en las redes sociales capturas de pantalla que “demostrarían” que Marianne “N” estaba planeando atacar a Valentina desde días antes.

En las fotos se ve una supuesta publicación de Marianne donde pregunta a sus seguidores si han llegado a ver a su ex con Valentina en un parque de Polanco. Cabe mencionar, que nada de esto está confirmado, y forma parte de las filtraciones que han inundado las redes sociales desde que el caso se volvió viral.

Aunque Marianne fue detenida horas después de la agresión, es menor de edad, por lo que atraviesa su proceso como adolescente.

En México, el sistema de justicia para menores de edad está regulado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley establece que únicamente los adolescentes de entre 12 y 17 años pueden ser procesados por conductas consideradas delitos. Sin embargo, el tiempo de internamiento está estrictamente limitado y depende de la gravedad del delito.

Para delitos no graves, la ley establece que los menores no pueden ser privados de su libertad por más de tres años. En el caso de delitos considerados graves, como homicidio, secuestro o violación, la privación de libertad puede extenderse hasta un máximo de cinco años.