Consejeras del INE piden a Diputados que no sea drástico el recorte presupuestal para 2025

Las consejeras del Instito Nacional Electoral (INE) Norma Irene De la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences se reunieron con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para abordar el presupuesto que el árbitro electoral solicitó para la elección de cargos del Poder Judicial en 2025.

Sin la presencia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, pidieron a los legisladores que de haber un recorte para los 13 mil millones de pesos que costará la elección del próximo 1 de junio, este “no sea drástico”, pues comprometería la organización del proceso.

Norma Irene De la Cruz destacó que para 2024 se asignaron poco más de 22 mil 550 millones de pesos al instituto, mientras que para 2025 se solicita un presupuesto de 28 mil millones. Este monto incluye los gastos para la elección del Poder Judicial, que será inédita.

Explicó que el desglose de lo solicitado para 2025 es: 13 mil 255 millones de pesos para las actividades regulares del INE; 867 millones para los procesos electorales locales en Durango y Veracruz; 1 mil 173 millones destinados a otros proyectos.

Esto suma 15 mil 295 millones, a los que se añaden 13 mil 200 millones para la elección del Poder Judicial, alcanzando un total de 28 mil 501 millones. Este cálculo no considera la consulta popular ni las prerrogativas de los partidos políticos.

Detalló que los 13 mil 200 millones requeridos para el proceso del Poder Judicial corresponden a una elección de gran magnitud, similar a la federal de junio de 2024. Para ello, se necesitará instalar más de 172 mil casillas y contratar a más de 50 mil supervisores y capacitadores, rubros que representan un gasto significativo.

La consejera recordó que el proceso electoral de 2024 costó alrededor de 14 mil millones, por lo que este proceso judicial extraordinario tendrá un costo similar. A pesar de implementar medidas de austeridad, enfatizó que no es posible partir “de base cero” debido a los requerimientos establecidos.

Añadió que el INE debe garantizar las condiciones mínimas de participación bajo las reglas definidas. Se evalúan opciones para reducir costos, como disminuir la contratación de personal de capacitación o sustituir la instalación de urnas cercanas a los votantes por centros de votación centralizados. Sin embargo, destacó que estas decisiones dependen del presupuesto asignado y de las instrucciones del Congreso de la Unión.

La consejera subrayó que el presupuesto solicitado es necesario para mantener los estándares de calidad electoral y enfatizó la importancia de valorar el costo de la legitimidad de una elección judicial. Además, afirmó que el INE ha implementado medidas de austeridad, como el uso de firma electrónica y la no reposición de plazas vacantes.

Por su parte, la consejera Rita Bell López Vences explicó que el aumento presupuestal se debe a los cambios derivados de la reforma del Poder Judicial, que implica actividades inéditas, ajustes logísticos y metodológicos para esta elección.

Detalló que el presupuesto del INE se compone de un presupuesto base que cubre la operación cotidiana, la educación cívica y actividades como la constitución de nuevos partidos.

Además de un presupuesto precautorio para eventualidades como consultas populares y elecciones extraordinarias.

López Vences insistió en la importancia de que los diputados evalúen cuidadosamente las posibles reducciones presupuestales, proponiendo que sean mínimas para evitar afectaciones drásticas en las operaciones del Instituto. Destacó que el objetivo no solo es optimizar costos, sino garantizar una mejora en la calidad del proceso electoral.