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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobierno de Campeche, durante la administración de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, por presunto desvío de recursos por más de 27 millones de pesos.
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El proceso jurídico habría iniciado después de que se realizó la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 16-A-04000-02-0606- 6060-DS-GF, en la cual encontraron supuestos daños a la Hacienda Pública Federal de 2018 por aproximadamente 27 millones 647 mil 500 pesos.
De acuerdo a lo que se conoce, dicha cantidad habría resultado por el mal manejo en los recursos federales destinados al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del estado de Campeche.
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Sin embargo, no serían los únicos daños encontrados durante la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad de 2015 a 2019, pues también se habría detectado otro presunto desvío de 265 mil 837 pesos que se destinó al pago de seis funcionarios que no cantaban con la documentación adecuada en 2016.
Además, existiría otro “desvío” por 430 mil 937 pesos, los cuales habrían servido para el pago de una indemnización por negligencia médica; sin embargo, el monto no fue autorizado para utilizarse.
Finalmente, se halló un probable desvío del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 2016 por más de un millón 484 mil 800 pesos, luego de que un proveedor no acreditó el proceso de adjudicación del servicio, además de que no encontraron pruebas del trabajo.
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En las conclusiones del documento que presentó la ASF —al que tuvo acceso al diario 24 Horas— se pudo leer que, en 2018, la administración del actual líder priista en la entidad del sureste mexicano “no dispuso de un adecuado sistema de control interno que la permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.
Desde 2021 la ASF tenía investigaciones sobre el líder priista
Pese a lo anterior, desde hace dos años, la Auditoría Superior de la Federación se encontraba investigando a la administración del integrante del tricolor, debido a que presuntamente no habían sido declaradas algunas irregularidades por tres mil 852 millones de pesos.
Con base en lo que se conocía en aquel entonces, entre 2016 y 2018 se habrían hallado presuntas irregularidades por cuatro mil 263 millones de pesos, de los cuales —hasta 2022— sólo se habían encontrado pruebas de uso correcto del presupuesto de 412 millones de pesos.
“En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 94 millones de pesos, el cual representa 73.3% de nuestra auditoría”, se pudo leer en un documento que emitió la ASF.
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Aunado a lo anterior, la dependencia destacó que en la administración del priista presuntamente no presentó información contractual de proveedores y contratistas durante el 2018, motivo que explicaría la mayor parte de las presuntas inconsistencias.
“No proporcionó en 19 expedientes la documentación que acredite la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las empresas contratadas, ni presentaron para 9 proveedores la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); en 27 casos, su inscripción ante las dependencias de los Servicios de Seguridad Social no contaron con el contrato debidamente formalizado y en 19 casos los contratos no se sustentan con la normativas aplicable”, continuaba el informe.
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