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El pasado 9 de septiembre fueron encontrados más de 50 casquillos percutidos en calles de la comunidad La Hierbabuena, Chihuahua, junto a ellos estaban los cuerpos sin vida de la activista Gloria Cañez y su hija Sally Avella. Pero 17 días después asesinaron a un testigo que presenció el doble crimen y que se dirigía a realizar su declaración.
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El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) confirmó el asesinato del testigo Eduardo Cruz Cruz y de su padre Isidro Cruz cuando se dirigían desde el municipio de Balleza a la ciudad de Chihuahua.
“Estos lamentables hechos son un obstáculo en la obtención de justicia, misma que demandamos. Exigimos que se investiguen los hechos, se castigue a las personas responsables y se brinde la protección adecuada y necesaria a la familia de Gloria, así como a la comunidad de Yerbabuena quienes se encuentran recibiendo amenazas y temen por su seguridad”, indicó el Cedehm en un comunicado.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Eduardo y su padre fueron interceptados por hombres que portaban armas blancas y con las cuales les provocaron varias lesiones en el cuello que terminaron por arrebatarles la vida, indicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Sus cuerpos fueron encontrados un día después de su asesinato en las inmediaciones de un río que atraviesa la comunidad de Satevó y quedaron bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles las necropsias de ley.
La Cedehm condenó que en Chihuahua no existan las condiciones para garantizar la seguridad de sus pobladores y que se utilice la violencia para “silenciar” a testigos y así permitir que los asesinatos de la activista Gloria Cañez y su hija queden impunes.
51 balazos para silenciar décadas de lucha
Agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) levantaron 51 casquillos calibre .223 y 40 milímetros a escasos metros del domicilio de Gloria Cañez y Sally Avella. El crimen, indicó el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, podría estar relacionado con un conflicto forestal: “ella se encargaba de este tipo de asuntos”.
Y es que Gloria Cañez se enfocaba en la defensa de los derechos humanos de los indígenas y protectora del medio ambiente; por más de 30 años luchó para regularizar la tenencia de las tierras y el reconocimiento del “legítimo territorio Rarámuri” señaló la organización Desplazados Forzados Mx.
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El Cedehm agregó que el homicidio de la activista y su hija ocurrió tras la resolución del Tribunal Agrario en donde se reconoce la existencia y creación de la comunidad que se encuentra entre los ejidos de San Carlos, Guajolotes, Chinatú y Catedral, en la Sierra de Chihuahua.
“Esta resolución les reconoce como dueños y dueñas del predio, el 12 de septiembre se habría convocado a una Asamblea General para nombrar una autoridad formal, misma que no se pudo llevar a cabo tras los hechos tan lamentables antes descritos”: Cedehm.
La resolución del Tribunal Agrario no sólo reconoce la formación de una comunidad entera, también les faculta para aprovechar los recursos maderables de la región, situación que podría haber incentivado el ataque contra la activista Gloria Cañez, según indicó el fiscal del estado.
Así, el homicidio del testigo que observó el asesinato de Gloria Cañez se suma a la lista de crímenes que involucran a su familia; el primero de ellos ocurrido en 2013 cuando Rubén Avella Molina -también activista y esposo de Gloria- fue asesinado en la comunidad de La Casita.
Gloria y Sally siguieron sus pasos hasta que cerca de las 20 horas del pasado 9 de septiembre 51 balazos les arrebataron la vida.
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