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Durante los últimos meses, crecían los rumores de que la fiscal Ernestina Godoy quería permanecer un periodo más en su puesto, esto generó diversas reacciones entre los ciudadanos. Sin embargo, pese a que no todos están de acuerdo, este martes 26 de septiembre confirmó la noticia.
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Desde su cuenta de TikTok, “Tu Fiscal”, como se hace llamar, indicó que está más que preparada para seguir al frente de la institución ya que quiere darle continuidad a su proyecto y terminar aquellos que no pudo complementar por “falta de tiempo” debido a la pandemia.
“Quiero comentarles por qué me quiero ratificar. El Consejo Judicial Ciudadano ya hizo la consulta de manera formal y yo les voy a contestar: que sí, sí me quiero ratificar y me quiero ratificar porque esta ciudad se merece una Fiscalía distinta, una Fiscalía que esté al servicio de la gente y creo, estoy convencida, que el equipo que actualmente está al frente de la Fiscalía, conmigo a la cabeza, hemos adquirido una gran experiencia”, detalló.
“Tenemos muchas cosas por consolidarse y algunas que sabemos que tenemos ya que echar a andar y no fue tiempo suficiente. Se nos vino la pandemia y eso nos alentó un poco, pero estoy segura que podemos llegar a ser una institución ejemplar, una Fiscalía para lo que es: para procurar justicia”, agregó.
El jugoso sueldo que mantendría Godoy al frente de la Fiscalía
Tras consolidarse como la primera persona en presidir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el apoyo de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy mostró sus intenciones de seguir al frente del organismo después del término de su periodo en 2024.
En caso de que su petición sea aceptada por el Consejo Judicial Ciudadano, podría mantener un sueldo bruto que asciende a los 109 mil 851 pesos por mes, pero de forma neta cobra por mes es 82 mil 200 pesos, es decir, al año obtiene 985 mil 400 pesos.
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A lo largo de su carrera como abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido representante de la Sociedad Civil y hasta participó en el proceso de verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar que fueron firmados por el EZLN al sur del país.
Tuvo un cargo como servidora pública en el extinto Distrito Federal entre el año 2000 y 2015, además de diputada local en la Asamblea Legislativa. Entre 2015 y 2018 logró obtener la legislatura del Distrito 4 en Iztapalapa y antes de ser fiscal de forma oficial presidió la Procuraduría General de Justicia.
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