Cómo “El Chapo” logró ganarse la confianza de altos funcionarios tras su detención en 1993, según Anabel Hernández

El 9 de junio de 1993 en los límites de México y Guatemala, un joven militar del país centroamericano realizó a miembros del Ejército Mexicano una preciada entrega que había tensado los hilos de la opinión pública en años anteriores. Amarrado de pies y manos y en la batea de una camioneta se encontraba un joven Joaquín Guzmán Loera, que en aquella época apenas comenzaba a dar importantes pasos en el mundo del narcotráfico en la organización criminal que encabezaba Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como El Señor de los Cielos.

Y es que, tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, El Chapo -como fue conocido desde su infancia el otrora narcotraficante- se consolidó como un objetivo prioritario de las autoridades mexicanas al haber sido identificado como uno de los involucrados en el fuego cruzado con los hermanos Arellano Félix que terminaron por cobrar la vida del sacerdote, según la versión que el gobierno manejó en aquella época.

De este modo, la detención del capo sinaloense durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue anunciada con bombo y platillo, sin embargo, para que organizaciones criminales como el Cártel de Guadalajara o el naciente Cártel de Sinaloa lograran escalar a la cúpula del narcotráfico habían tejido una red de complicidad con autoridades de los tres niveles de gobierno, un as bajo la manga con el que Joaquín Guzmán Loera sabía que contaba.

La detención de Joaquín Guzmán Loera en Guatemala, así como su traslado al Estado de México y las declaraciones que realizó fueron reconstruidas por la periodista de investigación Anabel Hernández a través de múltiples testimonios y fuentes consultadas en su polémico libro Los Señores del Narco.

Fue así como la autora relató que “El Chapo” Guzmán fue trasladado desde la ciudad de Tapachula al Estado de México abordo de un avión Boeing 727 en el que viajó resguardado por personal militar entre los que destacó el general Guillermo Álvarez Nahara, quien en aquella época se desempeñaba como jefe de la Policía Judicial Militar.

El avión aterrizó a las siete de la noche en la ciudad de Toluca y Joaquín Guzmán Loera descendió encapuchado para posteriormente ser trasladado vía terrestre hasta las inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 en Almoloya de Juárez.

No obstante, antes de que El Chapo rindiera cualquier tipo de declaración ante autoridades del centro penitenciario habría mantenido una charla con Guillero Álvarez Nahara a quien no solo le confesó algunos de sus crímenes sino que también le proporcionó los nombres de funcionarios públicos que le brindaban protección.

“Mientras escuchaba a El Chapo Guzmán, Álvarez Nahara comprendió que aquel testimonio era dinamita pura y causaría una gran sacudida dentro del gobierno federal”, apuntó Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco.

De acuerdo con su relato, Joaquín Guzmán Loera le habría relatado al jefe de la Policía Judicial Militar lo que sucedió aquella tarde de 1992 cuando el cardenal Posadas Ocampo fue ejecutado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La versión del capo sinaloense señaló que, aunque sí se encontraba en el sitio, el ataque no fue directo contra él sino que al recibir el aviso de que había personas armadas optó por tirarse al suelo y, pecho tierra, logró esquivar las balas.

“Ninguno de mis hombres disparó porque sus armas se fueron en las maletas que ya habían sido documentadas”, le explicó Guzmán Loera a Álvarez Nahara, según el relato de Anabel Hernández. De este modo, El Chapo habría desmentido la versión de las autoridades sobre el supuesto fuego cruzado entre los hermanos Arellano Félix y él en el que fue acribillado el sacerdote.

Tras los hechos y con la mirada de la opinión pública puesta en él, Joaquín Guzmán Loera se trasladó a la Ciudad de México en donde un hombre identificado como comandante “Gómez” lo ayudó a conseguir un pasaporte falso y lo llevó en una camioneta hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde más tarde intentaría cruzar la frontera.

Según lo expuesto en Los Señores del Narco, Joaquín Guzmán Loera también confesó que trabajaba para el Cártel de Cali, aunque sus verdaderos nexos se encontraban con el Cártel de Medellín que encabezaba Pablo Escobar. Asimismo, confesó al general que él y Héctor “El Güero” Palma habían sido los responsables del tiroteo ocurrido en la discoteca Christine en Puerto Vallarta y de una matanza de Iguala en 1992.

El Chapo habría confesado también contar con la protección de la Procuraduría General de la República (PGR) al más alto nivel, así como que en una de las visitas que le realizó a Miguel Ángel Félix Gallardo en el Reclusorio Sur de la capital mexicano le presentaron al licenciado Federico Ponce Rojas, quien trabajaba como encargado de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

A Ponce Rojas, según el relato de Anabel Hernández, Joaquín Guzmán Loera le daba millón y medio de dólares cada dos meses a cambio de su protección en sus entregas de cocaína o marihuana. Asimismo, dicho licenciado fue el responsable de presentarle al capo al hombre que le proporcionó su pasaporte falso de Guatemala.

Ante la posibilidad de que Joaquín Guzmán Loera confesara todos los vínculos que la organización criminal tenía con funcionarios de los tres niveles de gobierno y dependencias de seguridad, las alertas se encendieron tanto en la presidencia como en la Procuraduría General de la República (PGR).

De este modo, entre negociaciones y amenazas, altos funcionarios intentaron convencer a El Chapo de que se retractara de su confesión hecha en el avión que lo trasladó desde Tapachula hasta Toluca en el Estado de México. Fue en el interrogatorio al fue sometido el capo que negó ante un agente del Ministerio Público conocer a Federico Ponce Rojas, así como a Jesús Alcalá Castellón, Luis Alberto Gómez López y la familia Larrazolo -de la cual Juan se desempeñaba como comandante en Sinaloa-.

En acto casi inaudito, Joaquín Guzmán Loera negó todas las declaraciones que había realizado abordo del avión Boeing 727, deslindando de cualquier tipo de señalamiento a los funcionarios coludidos con la organización criminal de la que era parte. Incluso, respecto a la matanza de Iguala y Puerto Vallarta, el capo sinaloense únicamente responsabilizó a su socio Héctor “El Güero” Palma.

“Él ya había cumplido con su parte del trato. Y con ello no sólo había salvado su vida, sino que demostró que era un delincuente con el que se podía negociar”, apuntó la periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco.