Así ha sido el tránsito de migrantes por México hacia EEUU durante el sexenio de AMLO

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, las autoridades mexicanas han detenido a cerca de un millón de migrantes irregulares en los últimos tres años

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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, a la derecha, sale del podio después de hablar durante una conferencia de prensa con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, a la derecha, sale del podio después de hablar durante una conferencia de prensa con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Cuestionado sobre si es que el gobierno de México ha realizado el trabajo sucio de los Estados Unidos en materia migratoria, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el primer año como presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se limitó a responder que actualmente la política mexicana se encuentra alineada a los grandes trazos de las políticas y estrategias estadounidenses.

“El gobierno de López Obrador arrancó con iniciativas protectoras de Derechos Humanos y promotoras del desarrollo en política migratoria y eso generó una tensión fuerte con el gobierno de Trump, que progresivamente fue subiendo el tono de las presiones a México con los aranceles y que generó un acuerdo en junio de 2019, en donde México viró completamente su política migratoria”, explicó Tonatiuh Guillén para CNN.

Luego de tres años de validez, la restricción sanitaria con la que el gobierno de Estados Unidos enfrentó la pandemia de Covid-19 en relación al ingreso irregular de personas y su inmediata expulsión, finalizó. Norma mejor conocida como el Título 42. Con ello, una nueva etapa se ha puesto en marcha ante la implementación de nuevas disposiciones que reajustan y recrudecen las políticas en perjuicio de los migrantes.

Un grupo de migrantes cruza un canal cerca de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. Foto: REUTERS/Jorge Dueñas
Un grupo de migrantes cruza un canal cerca de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. Foto: REUTERS/Jorge Dueñas

Aunque no se trata de algo nuevo, la ejecución del Título 8 se encontraba relegada mientras la emergencia sanitaria estuvo vigente por lo que ahora con su reactivación, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su nombre en inglés) cuentan con las facultades para procesar judicialmente a toda aquella persona que ingrese de manera ilegal a su territorio. Así, los vetos y la prisión regresaron como medidas complementarias a las deportaciones.

Sumado a diversos factores sociales, políticos y económicos, dio como resultado una normalidad en la que los derechos básicos de los miles de hombres, mujeres y niños que buscan llegar a Estados Unidos son vulnerados. La situación, condenada por organizaciones en favor de los DDHH y políticos de toda la región, tiene a los gobiernos en la mira por su responsabilidad. México con un papel fundamental.

Tercer país seguro y “el trabajo sucio” de EEUU

El Título 42 fue implementado bajo la administración del entonces presidente Donald Trump y como parte de su planteamiento por expulsar a los migrantes a su país de origen, México cobró relevancia en el mapa.

Con las deportaciones exprés en aumento, las necesidades del gobierno estadounidense pretendían evitar regresar a las personas a Centroamérica, Sudamérica o cual quiera que fuera su procedencia, en la medida de lo posible y simplemente enviarlas de vuelta a México, al que buscaban denominar como Tercer País Seguro.

Migrantes centroamericanos, que fueron transportados en avión desde Brownsville a El Paso, Texas, Estados Unidos, y expulsados del país bajo el Título 42, hacen fila para recibir alimentos en el Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, México. Foto: REUTERS / José Luis González
Migrantes centroamericanos, que fueron transportados en avión desde Brownsville a El Paso, Texas, Estados Unidos, y expulsados del país bajo el Título 42, hacen fila para recibir alimentos en el Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, México. Foto: REUTERS / José Luis González

La magnitud del éxodo fue tal, que naturalmente el gobierno de López Obrador rebatió al de Trump y se generó una tensión entre naciones. Inclusive, el mandatario republicano hizo del libre comercio y la imposición de aranceles, armas en la negociación con México para que aceptara las condiciones.

Aunque la aplicación de impuestos finalmente no sucedió, tras una serie de reuniones en mesas diplomáticas México se convirtió de facto en un Tercer País Seguro. Incluso ahora y con la aceptación implícita del hecho, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard aseguró que el país no se encuentra en capacidad de recibir a más de mil deportados diarios.

“México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de mil personas al día, no podríamos, no tendríamos la capacidad, ni lo aceptaríamos”, dijo el canciller el 12 de mayo en conferencia mañanera.

Los pasos consecuentes de aquella negociación en 2019 fue la instrucción a cientos de elementos de la Guardia Nacional desplazarse a la frontera sur con Guatemala para frenar el tránsito de caravanas, que hasta el momento se introducían al territorio con relativa facilidad.

Consecuencia de estas medidas se incrementó el número de detenciones a migrantes encabezadas por el Instituto Nacional de Migración (INM). De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, México ha aprehendido a cerca de un millón de personas con estatus irregular en los últimos tres años.

Una caravana migrante atraviesa el estado sureño de Chiapas, México, rumbo a los Estados Unidos. Foto: REUTERS/Gabriela Sanabria
Una caravana migrante atraviesa el estado sureño de Chiapas, México, rumbo a los Estados Unidos. Foto: REUTERS/Gabriela Sanabria

En 2021 las autoridades mexicanas detuvieron a 309 mil 692 personas; en 2022 la cifra aumentó a 444 mil 439, y en lo que va del 2023, han sido 111 mil 505. En total, 865 mil 636 migrantes detenidos que, aunque se encuentra muy por debajo de los hecho por EEUU -más de 5 millones- también es muy por encima de países como Colombia (43 mil) o Costa Rica (7 mil).

Incapacidad para garantizar la seguridad de migrantes

Desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador ha mantenido un discurso sobre el respeto de los DDHH de quienes migran y atraviesan el país rumbo al norte, así como políticas para ofrecer asilo y trabajo. No obstante, no sólo han sido insuficientes, sino que el gobierno mexicano ha quedado expuesto ante la incapacidad para garantizar la seguridad de quienes transitan.

Desde actos involuntarios hasta responsabilidades puntuales, el paso por territorio nacional de centroamericanos y sudamericanos (principalmente) se ha convertido en una odisea con múltiples tragedias en el historial.

Ofrenda y protestas por los migrantes fallecidos durante un incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Foto: Reuters
Ofrenda y protestas por los migrantes fallecidos durante un incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Foto: Reuters

Una de las más recordadas en el sexenio sucedió en diciembre de 2021 cuando un tráiler con decenas de personas al interior de su caja volcó en una carretera del estado sureño de Chiapas. El accidente cobró la vida a más de 50 migrantes y alrededor de 70 más resultaron con heridas de consideración.

Otro de los infortunios de mayor gravedad sucedió este mismo año en una estación provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. En marzo pasado 40 migrantes fallecieron a consecuencia de un incendio que se salió de control mientras se encontraban detenidos en el recinto. No obstante, del hecho resaltó la actuación de los agentes responsables quienes dejaron encerrados a las víctimas pese a la oportunidad de salvarlos.

La más reciente prueba de la desdicha a la que se exponen quienes atraviesan México se registró apenas unos días después de lo sucedido en Ciudad Juárez. Esta vez en San Luis Potosí, que es una de las entidades que deben cruzar en las rutas más habituales hacia la frontera norte, tras reportarse el secuestro de decenas de personas que finalmente sí fueron localizados con vida.