Adán Augusto opera para que la Corte no declare inconstitucional el pase de la GN al Ejército

Luego de las fuertes críticas realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, inició los esfuerzos para que el Poder Judicial no declare inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército.

“La coordinación entre poderes siempre rendirá frutos, estamos obligados a dejar las diferencias a un lado por el beneficio del pueblo. Hoy estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratamos el tema de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas”, dijo este viernes el encargado de la política interna del gobierno federal.

El cabildeo por parte del titular de Segob se da a unos días de que el máximo tribunal discuta y vote el proyecto del ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, el cual va en el sentido de declarar inconstitucional la integración de la guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues la Carta Magna impide la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz.

El presidente López Obrador presionó esta semana durante sus conferencias mañaneras para que la Corte no eché atrás la reforma morenista para que la seguridad pública quede bajo el control de las Fuerzas Armadas y acusó que volver a un modelo de policía civil tendría consecuencias, como en el periodo de Genaro García Luna.

“Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la Corte porque esto es importantísimo para todos los estados, la Guardia Nacional”, dijo el mandatario federal desde Palacio Nacional.

López Obrador advirtió a los integrantes del máximo tribunal que en caso de revertir la reforma impulsada por su partido, Morena, estarán cometiendo un grave error.

“Entonces, si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así”, expresó el Ejecutivo.

Aunque el propio presidente ha descartado cualquier reunión con la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, debido a que no tienen ningún asunto para tratar, esta semana cobró relevancia la visita de su segundo en el gobierno para cabildear entre los representantes del Poder Judicial para impedir que declaren inconstitucional el control del Ejército sobre la Guardia Nacional.

Luego que Piña Hernández tomó posesión como presidenta de la SCJN y la Judicatura Federal, trascendió que Adán Augusto López Hernández acudió al número 2 de la Avenida Pino Suárez para hablar de la relación entre ambos poderes y la agenda que interesa al presidente Obrador, sin embargo, el encuentro habría sido breve debido a que la ministra dejó en claro la autonomía de la Corte.

De acuerdo con las versiones en los círculos políticos, se sabe que Adán Augusto López Hernández lleva una buena relación con los ministros Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mientras que el Ejecutivo federal siempre ha destacado el apoyo de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Para que el Pleno de la Corte declare inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército mexicano se requiere el voto a favor del proyecto de al menos 8 ministros, y en caso de no lograrlo, la norma seguiría vigente, tal y como sucedió con las reformas a las leyes secundarias en materia de electricidad, con la que el Gobierno aumentó el poder de la Comisión Federal de Electricidad.

En aquella ocasión, solo siete ministros se pronunciaron a favor de declarar la reforma de 2021 como inconstitucional, sin embargo, no fue suficiente para revertir los cambios legales llevados a cabo por la mayoría de Morena en el Congreso.

Se espera que esta misma semana en Pleno de la Suprema Corte discuta el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, quien propone que la seguridad pública del país debe conducirse bajo un modelo civil y no militarizado, conforme a los tratados internacionales en la materia.