Luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en el octavo piso de la Corte del Distrito Este de Nueva York por haber cooperado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína a Estados Unidos, algunos funcionarios tanto mexicanos como estadounidenses han sido “salpicados” por el histórico juicio que genero gran conmoción entre la opinión pública.
Y es que, si bien el caso del ex Secretario de Seguridad Pública mexicano fue un claro ejemplo de como organizaciones criminales han logrado corromper a autoridades de distintos niveles en el país azteca, recientemente una investigación del bufete de abogados en California, Harris/Thaler, documentó como los tentáculos del también llamado Cártel del Pacífico presuntamente se han inmiscuido en algunos gobiernos estatales estadounidenses a través de una red de lavado de dinero en bienes raíces.
Bajo ese tenor, los señalamientos alcanzaron a la gobernadora demócrata del estado de Arizona, Katie Hobbs, quien fue acusada de formar parte de una importante red de lavado de dinero que contempló múltiples sobornos para funcionarios e, incluso, la manipulación de procesos electorales en la demarcación que encabeza.
Fue durante una audiencia legislativa transmitida en vivo que un miembro de la legislatura de Arizona invitó a declarar a Jacqueline Breger, una agente de seguros de Scottsdale y encargada de la investigación del bufete de abogados de California.
De acuerdo con la declaración de Jacqueline Breger, Harris/Thaler Law Corporation ha realizado investigaciones desde 2006 sobre una red de lavado de dinero con empresas de bienes raíces estadounidenses que desviaban sus fondos a Panamá.
La presunta red de lavado de dinero expuesta por el reconocido bufete de abogados operaba con la ayuda de empresas de bienes raíces de al menos cuatro estados estadounidenses: Illinois, Indiana, Iowa y Arizona, destacando de este último las ciudades de Maricopa y Pima.
Fue así como se acusó a Dawna Rae Chavez -presidente de Mesa, Arizona- y a su hija Brittany Rae como los principales encargados de generar documentos como escrituras e hipotecas falsas para el crimen organizado.
La investigación de Jacqueline Breger también dio a seguimiento a la existencia de alrededor de 10 mil documentos falsificados en el Registro del Condado de Maricopa, así como a 35 mil escrituras de garantía, fideicomisos que evidencian transacciones fraudulentas, más de 15 mil certificaciones notariales falsificadas, la facilitación de sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, robo de nómina, fraude por bancarrota, seguros y extorsión.
Aunque dichas premisas no han sido confirmadas y se han quedado únicamente como señalamientos, el bufete Harris/Thaler también indicó que algunas de las ganancias de dicha red de lavado de dinero de bienes raíces fueron otorgadas a distintas personalidades de la política del estado de Arizona para realizar el fraude electoral en Pima y Maricopa desde 2004.
De este modo, se señaló que la utilización de sobornos pudo haber afectado el resultado de los comicios electorales de noviembre de 2020, incluyendo las contiendas por la gubernatura del estado, Secretario y Fiscal General de Arizona.
Finalmente, la investigación que encabeza Jacqueline Breger contempla que al menos el 25% de los jueces activos en Arizona han aceptado sobornos a cambio de proteger actividades del crimen organizado en el estado, así como supervisores del condado, asistentes de jueces, fiscales, abogados, proveedores, entre otros.
Respecto a funcionarios, las pesquisas del reconocido bufete de abogados señala a al menos 40 que son investigados por ayudar en el esquema de lavado de dinero al Cártel de Sinaloa, entre los que destacó el nombre de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, al igual que el de su secretario de estado, Adrián Fontes, la senadora Krysten Sinema, el representante Rubén Gallego, el alcalde de Mesa John Giles, entre otros.