Rosario Piedra Ibarra presentó propuesta para transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entregó a la Cámara de Diputados una propuesta que el miércoles presentará al Congreso, en donde busca que el organismo que representa sea transformado en la Defensoría del Pueblo: una procuraduría de los pobres.

Durante su participación en la sesión de la Comisión Permanente, en donde además de rendir su informe de labores 2022, dio a conocer sus intensiones para que la CNDH cambie y tenga mayor enfoque a sectores vulnerables, acusando que actualmente tiene un “esquema neoliberal”.

“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré la Senado, una propuesta de iniciativa de Ley para reforma a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos, y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con Piedra Ibarra este cambio permitirá a la institución estar acorde a las exigencias de la Cuarta Transformación (4T) en el tema de derechos humanos de víctimas.

“Se trata de generar nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren la vigencia de los derechos humanos en el país, y que estos se respeten, observen y reparen”, añadió.

La funcionaria apuntó que al interior de la CNDH cuentan con 984 recomendaciones, de las cuales, más de la mitad son de administraciones anteriores y que no han sido atendidas, así como que tampoco existen sanciones o reparaciones al daño.

“Lo que plantea que no han sido sancionados ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos que los motivaron”, añadió.

Ante esos datos, preguntó a los legisladores que si no eran suficientes para la reflexión y a la acción, entonces “¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que llegó la hora de hacer cambios en ese sentido?”.

Aseguró que uno de los mayores problemas de la defensa de derechos humanos son las limitaciones que se les imponen. Dijo que una de esas fronteras legales es que prevalece la voluntad de las autoridades para aceptar o rechazar una recomendación.

Explicó que aunque existe un programa de derechos humanos que es el primero en su tipo en mejorar la respuesta de las autoridades federales, aún quedan limitaciones con las locales. “Si en este país no son obligatorios los derechos humanos, ¿qué garantía tenemos de que imperen?”, acusó.

Asimismo, dijo que esas prácticas “son tan fuertes” que actualmente hay algunas instancias que ponen en duda las funciones de la CNDH y “el alcance de su misión”.

Por lo anterior, señaló la importancia de hacer algunos cambios a la CNDH y recordó al Senado que tiene la facultad de llamar a comparecer a las autoridades que han sido sujetas a recomendaciones para que expliquen por qué no las han cumplido.

“Hemos enviado nueve solicitudes al Senado sin respuesta hasta la fecha, y mañana estaré mandando una más”, dijo.

En cuanto a su informe del año pasado en la CNDH, reconoció la imposibilidad de cumplir con la reparación del daño a algunas víctimas debido a que no hay suficiente presupuesto de las autoridades a las que les emiten recomendaciones.

“Necesitamos de su apoyo, que nos permita llevar hasta las últimas consecuencias el mandato”, dijo. Acusó que se debe obligar a las autoridades a cumplir y respetar los derechos humanos.

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