En un nuevo revés para la estrategia de defensa del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó al juez Diego Amarante al frente de la investigación por retención multimillonaria de aportes y facturación “trucha”, contra los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
El camarista Roberto Hornos desestimó planteos de Toviggino sobre una presunta enemistad manifiesta y pérdida de imparcialidad del juez Amarante, quien ya lo procesó en la parte del caso vinculada a la retención indebida de aportes calculada en 19.000 millones de pesos.
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La decisión se conoció en momentos en que Tapia viajó con autorización judicial al Mundial mientras que Toviggino no formuló ningún pedido al respecto.
Enemistad y forum shopping
La defensa de Toviggino sostuvo que el juez “ha perdido toda imparcialidad”, y que su accionar dejó en evidencia “un burdo ejemplo de ‘forum shopping’”, que se habría concretado al aceptar una ampliación de denuncia por parte de la querella de ARCA para que se investiguen nuevos delitos, como supuesto uso de facturas falsas para justificar contratación de servicios por parte de proveedores cuestionados. También se investiga una posible “asociación ilícita fiscal”.
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El Tribunal de Apelaciones rechazó apartar a Amarante y remarcó que no se evidenció en la actitud del juez “una enemistad, una animosidad o una aversión” hacia los acusados, ni tampoco “una pérdida de la imparcialidad con la que se debe llevar adelante la magistratura, cualquiera sea la posición que pueda tenerse acerca de si la referida es la forma de proceder”.
El fallo también puntualizó que la enemistad manifiesta a la que aludió Toviggino exige hechos concretos y verificables “que acrediten una real animosidad” del magistrado, algo que no ocurrió en este caso, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
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Para el camarista Hornos no hay “elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a las partes recusantes, ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél”.
La defensa de Toviggino también había argumentado que en una publicación de un portal web se mencionó un supuesto contacto entre el juez Amarante y la querella para impulsar la presentación de una nueva denuncia. “De las constancias de la causa no surge, ni lo aporta la defensa, dato objetivo alguno que permita sostener que aquella información a la que alude la nota en cuestión, sobre un supuesto contubernio entre la parte querellante y el magistrado, tenga un soporte en acontecimientos que efectivamente hubieran acontecido”, indicó el fallo al descartar también este argumento.
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Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros tres acusados en la parte de la causa que investiga retención indebida de aportes por parte de la AFA calculada en 19.000 millones de pesos. Esta decisión está bajo revisión de la Cámara en lo Penal Económico, que además tiene que decidir sobre pedidos de los acusados para que se les aplique la “reparación integral del daño”, es decir, que se considere que ya no hay delito porque pagaron la deuda con ARCA.
Bajo la órbita del mismo Tribunal de Apelaciones quedó resolver también si otra causa penal vinculada a los dirigentes de la AFA, la que investiga quienes son los reales dueños de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares sigue su trámite en un juzgado federal de Campana o vuelve al fuero penal económico de CABA.
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Los nuevos cargos
A esta acusación inicial se sumó otra con una ampliación de denuncia de ARCA que fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial. Se sumó así una investigación por presunto uso de facturas falsas con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.
En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.
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