Dos cartas y una soga: el falso médico acusado de matar a un paciente apareció colgado en la casa en la que estaba preso

“Pero entonces ¿también nos quitaron tener justicia?”. La mujer que había terminado de recibir la noticia estaba en shock. En vísperas de Navidad, aún no se acostumbraba a la idea de pasar esa celebración sin su hijo. Víctor Alejandro Calvo había muerto en diciembre del 2020 cuando intentaba llegar a un sanatorio para que lo ayudaran. Estaba cursando un infarto y llamó a un médico cuando empezó a sentirse mal. Pero el médico que apareció no era médico y se escapó rápido antes de que el paciente, que cursaba un infarto, pudiera morirse cuando él todavía estaba allí. El impostor se llamaba Juan Olivares García, pero ya no irá a juicio. Apareció colgado en su lugar de detención: su propia casa, cuando la justicia había comenzado a investigar otras muertes de pacientes a los que él atendió.

Si el caso de Víctor Alejandro Calvo dejó al descubierto cómo cualquier persona puede morir a manos de quien supuestamente debía asistirlo, la muerte de su asesino revela una nueva falencia del sistema: estaba en prisión domiciliaria, pero salía a la calle sin que nadie lo advirtiera. La policía llegaba hasta la casa, pero se iba cuando no los atendían y la ex pareja, que era la garante de cuidarlo, lo había denunciado por violencia de género y no quería tener trato con él. Casi como una escena de “El secreto de sus ojos”, la mujer le llevaba comida y medicación y evitaba hablarle, pero tenía que soportar sus gritos. A ella, el acusado le dedicó una de las cartas de suicidio.

Lo más irónico es que la única que advirtió que algo así podía suceder fue la viuda de Calvo, el paciente muerto. La mujer, abogada, pidió que revocaran su prisión domiciliaria, sobre todo porque el hombre ya había presentado intento de suicidio y porque su cuidadora lo había denunciado por violencia de género. El Tribunal Oral Criminal, no obstante, que debía juzgarlo, dijo que la mujer podía seguir a cargo porque, según les había dicho, su vida y la de sus hijos ya no estaba en riesgo. El acusado no podía abrir la reja que ella le había puesto.

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Hace un año, Infobae revelaba la historia de Víctor Alejandro Calvo. Con 50 años recién cumplidos, el empresario terminó de cenar, se empezó a sentir mal y tuvo la mala idea de pedir a su esposa, Laura Fechino, que llamara a su obra social OSDEPYM para pedir un médico. Le dolía el pecho y tenía sudoración. Tras repetidos reclamos, la ambulancia apareció una hora después.

Un hombre vestido de ambo lo atendió con parsimonia, diciéndole que se calmara. Fechino le pidió que le hiciera un electrocardiograma que el supuesto médico no supo enchufar. Tras examinarlo, le dijo que tenía que irse con tiempo a una clínica. Calvo se puso aún más nervioso, le pidió que lo llevara él. “No, la ambulancia tiene COVID”, se excusó. “Hay tiempo”. Solo por la insistencia del paciente, le dejó firmado un papel que tenía el sello de “José O. Díaz” diciendo “ANGOR” (dolor en el pecho).

Cuando estaba tomando el ascensor, ya alejada de su marido, Fechino volvió a preguntarle qué pasaba. “Es un infarto agudo de miocardio. Hay que hacerle un cateterismo”, le dijo. Con el susto de la repuesta, la mujer le suplicó que lo llevara pero la respuesta fue la misma: “hay tiempo”. Se cerraron la puertas del ascensor. El supuesto médico se esfumó.

En medio de la desesperación, Fechino y Calvo salieron a la calle a buscar un taxi. Pero aún estaban las restricciones de circulación por la pandemia. No pasaba un alma. Cuando estaba cruzando la avenida Libertador, Calvo se desplomó.

Los llamados de la mujer pidiendo que la ambulancia que se había ido volviera llevaron al supuesto médico a cometer un error: Ochoa Díaz la llamó desde su celular y le dijo “señora, usted me dijo que me fuera”. La existencia de ese llamado, que Laura recordaría muchos meses después cuando el duelo y la frustración se habían apoderado de ella, resultó clave. Para esa altura, “José A. Díaz”, un colombiano que trabajaba en el Hospital de Niños Juan P. Garrahan, ya había sido localizado por la Justicia y había dicho que él no era el de los videos que no era el hombre que se había presentado en la casa de Calvo aquella noche.

Tras los pedidos de la viuda y una serie de confirmaciones, la causa entró en secreto de sumario. El juez Edmundo Rabbione ordenó ir la casa de la persona que aparecía como titular de la línea telefónica desde la que habían llamado a Laura para decirle “señora, usted me dijo que me fuera”. Era un kiosco de golosinas en Ezeiza. El hombre que atendía era el médico que había asistido a Víctor Calvo.

Tenía bigotes al estilo mexicano y el pelo un poco más largo. En el allanamiento encontraron recetarios, sellos de goma a nombre de José Díaz, tensiómetros, cánulas y un electrocardiógrafo. Al momento de su detención, Olivares García dijo que estaba borracho y que necesitaba un bastón para caminar. Horas después, cuando esperaba su traslado a la cárcel, sufrió un infarto y, a diferencia de Calvo, fue atendido. Gracias a eso, la Justicia dispuso que le diera prisión domiciliaria.

Ahí comenzaría otra historia.

Es que Olivares García, de 58 años, apareció ahorcado en el monoambiente en que cumplía su prisión domiciliaria. Una soga colgada de uno de los tirantes del techo y una silla que se encargó de empujar en el instante crucial sellaron su muerte. Era el atardecer del 22 de diciembre del 2022.

Personal de la seccional primera de Ezeiza llegó al lugar y encontró el cadáver: tenía el torso desnudo, una bermuda gris y zapatillas. La camisa había quedado apoyada en el respaldo de la silla de plástico. El bastón que usaba, en la pared. Sobre la mesa, habían varias revistas, un cuaderno espiralado y una birome.

La encargada de avisar a la policía fue Mara Plastina, la mujer de 42 años que había sido pareja de Olivares García. A ella, el falso médico le mandaba sus videos manejando la ambulancia, quejándose angustiado porque muchos pacientes se le iban. “Hola, recién se me murió de un infarto -decía- Trabaje con él 50 minutos y nada. Todavía no hicimos ningún otro servicio. Tuve que hacer el certificado de óbito y llamar a la policía porque murió en domicilio. Mandame tus angelitos por favor. Gracias”.

Pero la relación entre Mara y Olivares había cambiado en el último tiempo. Según declaró la mujer, se habían separdo en 2019 y la crisis se agravó cuando Olivares empezó a tener “problemas con la ley”. El tomaba alcohol hasta quedar tirado en el piso. Con la prisión preventiva ordenada y sus problema de salud, la Justicia debatió donde dejarlo. Del hospital se fue a su casa, con una tobillera electrónica, al cuidado de Plastina Ella, sin embargo, decidió poner una reja entre la casa de Olivares y la suya en el terreno que compartían. No quería que se acercara a ella y a sus hijos menores.

El 22 de julio de 2022, el Equipo Psicosocial de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica llamó a la casa de Olivares. Plastina les dijo que su ex pareja había vuelto al hogar “con actitud violenta y manipuladora”, que la amenazaba con echarla de la casa y que ella solo se acercaba a Olivares García para darle la medicación y la comida.

La viuda de Calvo, en calidad de querellante, reclamó entonces el traslado al Complejo Penitenciario I Ezeiza, previa evaluación de los profesionales del PRISMA, el programa psiquiátrico de la cárcel. El tribunal llamó a declarar a Plastina. Por videoconferencia la mujer afirmó que su ex pareja tomaba alcohol y fumaba “pasto” porque ella se negaba a darle cigarrillos del kiosco. Dijo que no quería asistirlo, que ya estaba separada de él y que lo hacía porque Olivares no tenía otra familia que lo cuidara. Todos estaban en Chile. Pero aclaró que si hubiera tenido otro lugar donde vivir, ya se hubiera ido.

Cuando le preguntaron si sentía que su vida o la de sus hijos corría peligro por la presencia de Olivares García, ella les contó que vivía en otra casa y que había puesto la reja que le impedía al supuesto médico acercarse. Que ella tenía la llave para abrirle. Y señaló que aunque Olivares tenía una puerta independiente para salir a la calle, dijo que no la usaba. El tribunal ofreció ponerle una consigna policial para protegerla. “Si es para hacerlo callar, sí; si no, no tiene sentido”, les contestó.

La fiscalía entendió que “más allá de los problemas de convivencia que pudieran presentarse entre la Sra. Plastina y el imputado Olivares García, las circunstancias y condiciones por las cuales la Cámara del Crimen le otorgó al encausado el arresto domiciliario” el 25 de enero de 2022 “no se habían visto modificadas y no se observaba peligro de fuga alguno”. Olivares seguiría viviendo en su casa, con tobillera electrónica, a la espera del juicio.

El 22 de diciembre, sin embargo, Plastina llegó a la casa cerca de las 18.30. Había salido a la mañana temprano a hacer la VTV y a comprar comida; después volvió se ocupó de sus dos hijos y de atender el negocio, el kiosco en donde fue fotografiado Olivares García. Pero le llamó la atención que no hubiera ruidos en el cuarto de atrás donde había quedado recluido el falso médico. Entonces se acercó a la construcción del fondo y miró por un agujero que había en la medianera. Ahí vio el cadáver colgado de su ex pareja. No entró. Llamó a la policía. La Unidad Funcional de Instrucción 2 de Ezeiza, con la intervención del Juzgado de Garantías 7, recibió la causa. La carátula del sumario policial decía “suicidio”.

El día anterior, Mara había cruzado apenas unas palabras con Olivares. Le había llevado un ibuprofeno y una gaseosa Manaos. “Dame el vino y no te molesto más”, le dijo Olivares. La mujer se negó y se fue.

Pese a la prisión domiciliaria, Olivares había sido visto a la mañana caminando por el barrio. A la mañana fue a la casa de una vecina. A la tarde, de un vecino. A los dos les pidió alcohol. Cuando se enteró, Plastina llamó al patrullero de la zona. Los controles sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria brillaron por su ausencia.

“No aguanto más tanta pena, tanta pérdida”, decía Olivares en su carta de suicidio. “Yo perdí todo y soy humillado todos los días por Mara Plastina. Se separó de mí y me sacó a mi niño y me da de comer cuando quiere porque dependo de ella. Ya pasó con el negocio y no me lo reconoció. Me humilla todos los días. Todos mis bienes se los dejo a mi hija”. Olivares firmó con su nombre completo y sus dos DNI, el argentino y el chileno. A su hija, que vive en el país trasandino, le dejó la segunda carta. “Mi amor. Sé que estás muy enojada conmigo, sé también que crees que lo merezco pero tú sabes que estoy arrepentido y que te amo como nunca antes amé. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás”. Las cartas las escribió antes de quitarse la vida.

Con el suicidio de Olivares García, la causa que investiga el homicidio de Victor Calvo queda en jaque. “Este resultado les conviene a todos”, dice Laura Fechino a Infobae. El tribunal oral en lo criminal 14, que iba a llevar adelante el juicio contra el falso médico, se desentendió del caso porque el principal acusado está muerto y dijo que otros jueces deben llevar adelante el debate contra el resto de los acusados. El nuevo tribunal lo rechazó.

El único que tiene el banquillo asegurado es Adalberto José Ochoa Díaz, el colombiano cuya identidad era la que usaba el falso médico. Gracias a los papeles que le dio el colombiano, el falso médico fue contratado por la firma Urgency Dom SRL, desde al menos noviembre del 2020 para trabajar en guardias médicas de 12 horas en ambulancias para emergencias médicas.

La Justicia también debe definir la suerte de Juan Carlos Gargiulo, principal responsable de la empresa en donde trabajaba Olivares García; y de Daniel Medina, el director médico, que están imputados como partícipes necesarios de los delitos de “homicidio simple con dolo eventual mediante la usurpación de títulos y honores” y “falsificación de instrumento público”.

El juez Rabbione los había procesado, pero por dos votos a uno la Cámara del Crimen decidió anular esa resolución por el pedido de la defensa que plantearon que no estaba bien la acusación. Días atrás, Gargiulo y Medina fueron llamados de nuevo a indagatoria. La defensa volvió a plantear lo mismo. El juzgado rechazó el planteo. Medina y Gargiulo insistieron en responsabilizar a Olivares García como el único culpable de lo que había ocurrido.

Según los descargos a los que accedió Infobae, Medina explicó que con la pandemia se vieron forzados a incoporar personal y que fue perjudicado en su buena fe por “Olivares García y su cómplice Ochoa Díaz”. En pandemia “las entrevistas se hacían con barbijo y máscara, por lo tanto, hablar con otra persona con barbijo u otros elementos protectorios dificultaba la posibilidad de comprobar el rostro o la edad de los postulantes. ¿Cómo podría yo ser responsable por la contratación de un médico falso si el legajo que me presentaron los administrativos de Urgency dom cumplía con todos los requisitos y no había ningún indicio de que quien decía ser Ochoa Díaz no fuera médico?”, aseguró.

Gargiulo, por su parte, insistió en que Olivares los engañó y era “absurdo” suponer que se vería beneficiado contrando a un falso médico. “¿Para qué hacerlo? Se paga el mismo sueldo”, afirmó. También buscó rechazar las irregularides detectadas en la contratación y el funcionamiento del servicio de ambulancias. “Se soslayó por completo que la contratación de Ochoa Díaz se produjo en plena pandemia, donde -para el sector de salud- imperó una situación de emergencia, y el propio Estado había flexibilizado por completo los controles para el ejercicio de la medicina”, afirmó. “Lo que sucedió es que la empresa fue víctima de un estafador que realizó un engaño”.

Pero ayer, lunes, el juez Rabbione volvió a procesarlos como coautores de homicidio, “bajo la modalidad de comisión por omisión”. Los embargaron por más 20 millones de pesos a cada uno y se les prohibió la salida del país. “Han sido Gargiulo y Medina los responsables por la contratación de Olivares García para actuar como médico de urgencias y emergencias de Urgency Dom, sin que previamente constataran fehacientemente su identidad, condición de médico, y fundamentalmente, sus capacidades, conocimientos y experiencia para llevar adelante dicha función –conforme lo exige la normativa vigente-, y exclusivamente por esa razón es que el nombrado Olivares García fue enviado, en ese carácter, al domicilio de la víctima a atender la solicitud de atención médica de urgencia (código amarillo por “dolor de pecho”) requerida por la pareja del Sr. Calvo”, sostuvo el juez en un fallo al que accedió Infobae.

“Fue Gargiulo quien tomó la decisión, y Medina la aceptó y permitió, de que la empresa comenzara a prestar servicios de emergencia y urgencia, cuando tenían pleno conocimiento de que Urgency Dom no cumplía con los requisitos exigidos en la Resolución 906/2017 del Ministerio de Salud de la Nación para llevar adelante ese tipo de servicios y tampoco contaban con la debida, necesaria y previa autorización del Ministerio de Salud para comenzar a prestar esos servicios”. Si hubieran cumplido con esas exigencias, dijo el juez, “nunca hubieran contratado a Olivares García, y consecuentemente, éste no habría concurrido al domicilio del damnificado a cubrir el servicio de atención médica”. Tampoco hubieran enviado una ambulancia sin el equipamiento obligatorio y con un desfibrilador sin funcionar. “Las características del caso evidencian que el resultado producido no obedeció a una mera negligencia o displicencia en el modo de proceder de Gargiulo y Medina”.

“La más simple lógica, experiencia y sentido común, propia de cualquier persona no calificada, permite afirmar que la atención de servicios de emergencia y urgencia médicas –que conlleva de por si críticos escenarios de riesgo de vida real o potencial del paciente-, por parte de personal no calificado y capacitado para su abordaje y con equipamiento deficiente, implica la muy alta probabilidad –rayana a la certeza- de que algunos de esos casos tenga por resultado la muerte del paciente”, concluyó el fallo de 182 páginas.

Ahora, las defensas apelarán. A la espera de la revisión de las nuevas situaciones procesales y de qué tribunal oral deberá llevar adelante un futuro juicio, una pregunta sigue latente: en su raid como médico, hubo casi 1.200 historias clínicas firmadas por Olivares García, bajo el nombre de José A. Díaz, que fueron secuestradas en la casa del hijo del principal responsable de la empresa. Catorce de esos pacientes perdieron la vida. ¿Todos estaban destinados a morir?

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