La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el sindicato judicial Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se manifestaron por medio de un comunicado conjunto en contra del “trato hostil” que recibieron los testigos interrogados en el marco del juicio político impulsado contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de la Nación que lleva adelante el bloque oficialista del Frente de Todos con la finalidad de destituirlos por mal desempeño en sus cargos.
El juicio político anunciado por el presidente Alberto Fernández cobró impulso en enero pasado y se desarrolla actualmente a través de la Comisión de Juicio Político en el Congreso de la Nación, cuya presidencia está a cargo de la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard. En ese marco, donde se intenta juzgar y destituir por presunto mal desempeño a los ministros del máximo tribunal, es donde se han sucedido una serie de audiencias de alto voltaje con la presencia de distintos funcionarios en calidad de testigos del proceso.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional -en cabeza de Marcelo Gallo Tagle- y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación -cuyo Secretario General es Julio Piumato- expresan su rechazo por el trato hostil dispensado a nuestros/as representados/as convocados a declarar en el juicio político que se lleva a cabo contra la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, comunicaron las entidades ligadas al ámbito de la justicia.
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Y es que la semana pasada por ejemplo asistió el secretario letrado de la Vocalía de Carlos Rosenkrantz, Federico Morgenstern, quien en un determinado momento se negó a contestar una pregunta del bloque oficialista respecto a dos encuentros privados que mantuvo con la jueza Elena Highton de Nolasco para discutir acerca de la sentencia del caso Muiña (2x1), uno los fallos que el Frente de Todos enarbola para dar empuje a la destitución de los magistrados de la Corte. Al ser consultado sobre lo que discutieron el testigo se negó a contestar bajo el “deber de guardar reserva y confidencialidad sobre las opiniones que se dieron en el transcurso de la deliberación”.
“Lo dispenso de ese deber”, dijo la presidenta Gaillard a cargo del proceso, y generó la protesta e indignación enérgica de los diputados de Juntos por el Cambio. “Usted no me puede dispensar porque yo tengo una obligación con mis superiores de la Corte”, replicó el secretario letrado, a lo que el diputado oficialista Marcelo Casaretto contestó: “No hagás una de más. No te hagás el canchero. Bajate del caballo”.
En ese contexto, Piumato y Gallo Tagle firmaron una nota donde hicieron un llamado al “cese” de las prácticas hostiles corroboradas en las audiencias y expresaron: “Desde los albores del proceso se viene observando con aguda preocupación que los/as testigos citados/as, son sometidos/as a improcedentes interrogatorios, todo ello en franca violación a la protección de los derechos y garantías que deben asegurarse a los/as testigos citados en calidad de trabajadores/as judiciales”. Y luego concluyeron: “solicitamos el cese de prácticas que tergiversan la finalidad del procedimiento”.
En medio de un procedimiento con reuniones parlamentarias de largas horas y gran impacto mediático, la semana pasada el diputado Rodolfo Tailhade solicitó a la presidencia que sean citados como testigos los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovsky, Luciana Bertoia e Irina Hauser en virtud de que todos escribieron sobre la sentencia referida al beneficio del “2x1″ aplicado en el caso Muiña.
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