Cromañón: "El juez que liberó a Fontanet se burló de los familiares de las víctimas y de la ley"

"A mi hijo lo velé con una zapatilla marcada en la cara, todavía manchado por ese humo negro. Después me explicaron que ésa es la diferencia entre el que cayó boca arriba y el que cayó boca abajo… Sé que Mariano cayó boca arriba… Sé que tuvo pocas oportunidades… Nunca supe qué pasó con él, cómo murió exactamente... A veces me lo imagino sentado contra la pared, con las piernas abiertas, las rodillas en alto, las manos extendidas y los ojitos. Me lo imagino mucho. Y a fin de año más. Pero nunca pude saber exactamente cómo murió". (Fragmentos del testimonio de Nilda Gómez en el libro Cromañón, de Letras del Sur).

Este año, el 30 de diciembre, se cumplirán 14 años de la tragedia del boliche de Once, donde murieron 194 personas y 600 sufrieron heridas. El miércoles 2 de mayo, por decisión del juez de Ejecución Penal José Pérez Arias, el último preso por esa causa, Patricio "Pato" Santos Fontanet, líder de Callejeros, salió del penal de Ezeiza con libertad condicional, mucho antes del 2022, cuando se cumplirían los 7 años de cárcel a los que fue sentenciado.

Hoy Nilda, antes de criticar esa resolución, confiesa que aún piensa cómo habrá muerto su hijo a los 20 años: "Siempre me pasa. Nunca me enteré ni me voy a enterar. Sé que él está de otra manera. Y que me guía, me da la fuerza para continuar".

–¿Con la salida de Patricio Fontanet de la cárcel se acabó la causa Cromañón?

–Eso no es verdad. Son salidas anticipadas, transitorias. Tenemos una ley de ejecución penal muy liviana, que permite que esté afuera de la cárcel cumpliendo la condena. Pero la está cumpliendo. Tiene que ir todos los meses a firmar, tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico. Hasta el 2022, si no cumple con los requisitos deberá volver a prisión.

–Se anunció que harán recitales en Córdoba. ¿Cómo le cayó la noticia?

–Ellos dicen que es lo único que saben hacer. Somos muy blandos. Al que conduce mal se lo inhabilita por diez años. Lo mismo pasa con los médicos. Pero acá no. Hay un montón de errores de la Justicia. Por ejemplo, ¿un curso de computación le resta un año de la condena? Si hubiera sido un curso de prevención de riesgos escénicos, que existe y son tres manuales del Instituto Nacional de la Música, todavía. El no estaba preso por cruzar un semáforo en rojo, sino por matar a 194 personas desde un lugar de control, de garante, que era estar arriba de un escenario. Tenía la posibilidad de decir "en estas condiciones no voy a seguir tocando, porque vamos a morir todos", como advirtió (Omar) Chabán.

–¿Por qué cree que no lo hizo?

–Ellos evaluaron –y lo dijeron en la causa– que suspender el show iba a ser terrible, porque les iban a romper los equipos de sonido. ¡Se los habría comprado de mil amores con tal de que mi hijo estuviera conmigo! Fue una mala decisión, que terminó con la vida de otros. No lo voy a dejar pasar: mató a mi hijo. Merece mi repudio.

–¿Qué argumentos usó el juez para liberarlo?

–Hay un misterio absoluto sobre el expediente de su libertad. Yo soy abogada y no me permiten ver esa resolución, porque, dicen, tiene datos sensibles relacionados con la salud delicada de un paciente psiquiátrico. Cuando estaba babeando en Córdoba no podía estar en la cárcel… ¿Y ahora está delicado de salud y ordenaron igual la libertad?

–¿Quién le negó esa posibilidad?

–La jueza Vilma Bisceglia, del Juzgado de Ejecución 5. Porque el juez José Pérez Arias, que firmó la decisión, se tomó licencia por 14 días al otro día de la libertad de Fontanet. Ella es subrogante. No estaba enterada de nada. Me dijo que fuera al día siguiente. Fui y me dio un papelito con cuatro pavadas escritas. Cuando le pedí la resolución no me la quiso dar, algo que debía hacer por la Ley 23.372.

–¿Por esa ley el juez no debió llamar a los familiares de las víctimas antes de liberarlo, como se hizo en los casos de Matías Bagnato por la masacre de Flores y María Luján Rey en la tragedia de Once?

–Pero no me llamó. Podía escucharme mirando su celular y después actuar como quería. Cometió ese error y me abrió un abanico de posibilidades. Lo que hizo fue mandar una cédula para decir que cumplió con esa ley, pero en lugar de enviárnosla a los padres, la mandó al PRONALCI, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad que creó Aníbal Fernández. La recibió su titular, la doctora Sandra Furios, para convocarnos. Ella conoce a los padres de Cromañón. Pero se la mandó el viernes al Centro Ulloa, que es de atención psicológica para causas de lesa humanidad. ¿Qué tenemos que ver con lesa humanidad? Y como era un fin de semana largo, el del 1º de mayo, se guardaron la cédula hasta el siguiente miércoles 2 de mayo, para que no molestara. Llegó a las 11. Cuando la recibí, empezamos a llamar a todos los padres para ir. Reunimos a cuarenta y cinco. Eran las tres de la tarde y el juzgado ya estaba cerrado. Al rato me empezaron a llamar los padres, porque Fontanet había sido liberado esa mañana. Había mucha bronca, y no por la salida, porque los demás habían salido. Fue la burla por pasar a la Ley por arriba. Nos enteramos que de la mano de Furios llevaron a tres padres a hablar. Pero somos muchos más. En Cromañón no hay un acuerdo para nombrar un representante de los familiares, como sucede en el caso de Once con María Luján Rey.

–¿Legalmente pueden intentar algo?

–Sí. Vamos a hacer una presentación contra la decisión de liberar a Fontanet sin avisar a las familias. Si para remediar esto tiene que volverlo a encerrar cuatro horas, que lo haga. La Ley salió justo antes de que le dieran la libertad. Lo siento por él. Dicen que la cárcel es fría, un mal lugar. Más fría es una tumba, te aseguro.

–Si el juez la hubiera llamado, ¿cuál habría sido su postura?
–Quiero saber qué cursos hizo. Cuál es su estado de salud psiquiátrica. ¿No tienen miedo de que haga un brote psicótico arriba del escenario? ¿Quién se hace responsable? Yo voy a ir hasta el fondo… Y no es venganza: sólo quiero que no me tomen el pelo. Para que salga la Ley de Víctimas, cada uno de los que bregaron por ella tiene un muerto. Este juez se ríe, no sólo de los familiares de las víctimas, sino de una Ley nueva que todavía chorrea sangre.

Por Hugo Martin.
Fotos: Alejandro Carra y archivo Atlántida.

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