La mayoría de las llamadas al 911 dirigidas al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el año pasado fueron consideradas por los operadores como no relacionadas con delitos, lo que derivó en propuestas para impulsar respuestas civiles en ciertos incidentes, evitando la intervención policial armada.
Un análisis del instituto de investigación Vera Institute, que examinó más de 3.600.000 llamadas con respuesta policial en 2025, encontró que solo el 42 % fueron catalogadas por despachadores como vinculadas a delitos. Este hallazgo motivó en la ciudad el desarrollo de alternativas para situaciones de crisis mental o conflictos no criminales, de acuerdo con un reporte publicado por THE CITY.
De acuerdo con el estudio del Vera Institute, solamente el 28 % de las llamadas al 911 informaron crímenes en curso —principalmente asaltos, hurtos y acoso—, y en el desglose, apenas el 9 % correspondió a delitos violentos.
El 53 % de los llamados involucró la notificación de personas sospechosas o presunta actividad de drogas. El 19 % reportó delitos ya cometidos.
El informe del instituto de investigación resalta que el 58 % de las llamadas derivadas a la policía respondían a actividades consideradas no delictivas, entre ellas disputas personales, problemas con servicios públicos o accidentes de tráfico. En estos llamados “no criminales”, la policía suele encargarse de manejar crisis de salud mental cuando los despachadores advierten un potencial de violencia.
Incidentes de este tipo terminaron en tragedias; un caso relevante es el de Jabez Chakraborty, un joven de 22 años diagnosticado con esquizofrenia, baleado en enero durante una crisis psicótica en su vivienda de Queens.
Daniela Gilbert, directora de la iniciativa “Redefiniendo la seguridad pública” del Vera Institute, indicó a THE CITY: “Si no se percibe un riesgo para la seguridad pública, es razonable que alguien sin placa ni arma acuda en respuesta”. Agregó que considerando “más de la mitad de las llamadas no están relacionadas con delitos y el NYPD está especialmente capacitado para tratar crímenes”, resulta lógico buscar nuevos modelos de intervención.
Propuestas para crear sistemas civiles de respuesta ante crisis y conflictos no delictivos
La organización civil Correct Crisis Intervention Today (CCIT) impulsa la implementación de equipos de especialistas en salud mental, con experiencia en gestión de crisis, como respuesta alternativa a la presencia policial armada. El informe del Vera Institute documenta 24 intervenciones policiales la última década donde las personas que motivaron la llamada murieron o recibieron descargas de táser.
En respuesta a este escenario, el alcalde Zohran Mamdani planteó la creación de un Departamento de Seguridad Comunitaria con el objetivo de disminuir la participación de la policía en estos incidentes. Si bien Mamdani no detalló el funcionamiento ni quién dirigirá la nueva entidad, aseguró que acelerará los anuncios tras el caso de Chakraborty, quien sobrevivió y enfrenta cargos por intento de agresión.
Sam Raskin, portavoz de la alcaldía, declaró a THE CITY: “Como ha dicho el alcalde, exigimos demasiado de nuestros oficiales. Los enviamos a crisis de salud mental y a casi cada falla de la red social de protección. Su función principal debe ser la que asumieron: combatir el delito violento”.
Añadió que el gobierno está desarrollando el nuevo departamento “para que cuando los neoyorquinos pidan ayuda ante una crisis de salud mental, la ciudad envíe especialistas en el tema. Así permitimos que la policía se concentre en las funciones fundamentales a su misión, mientras construimos una ciudad más segura para todos”.
Debate sobre la categorización de llamadas y los límites de la intervención policial
El NYPD desacuerda con la clasificación de ciertos incidentes como “no criminales” según el Vera Institute. Erika Tannor, vocera de la policía, comentó a THE CITY que muchas de las llamadas clasificadas como no delictivas pueden implicar hechos penales, especialmente si involucran disputas personales o grupos conflictivos.
Señaló además que el estudio del instituto ubicó disputas con armas y casos de violencia doméstica bajo la categoría de “no violentos”, llegando a incluir también amenazas de bomba: “Este informe caracteriza erróneamente cuándo y por qué los agentes son enviados a emergencias. Los autores hacen creer a los neoyorquinos que situaciones como amenazas de bomba, paquetes sospechosos o disputas con armas, son tratadas como ‘no delictivas’. Esto no es cierto y no refleja el trabajo real de nuestros oficiales por la seguridad de la ciudad”.
Desde el Vera Institute, un portavoz sostuvo que solo una pequeña fracción de disputas domésticas no violentas se incluyó en la etiqueta de resolución de conflictos, tomando en cuenta la existencia de programas de respuesta alternativa en otras ciudades. Además, el informe clasificó dentro de “no criminal” a los llamados vinculados a “calidad de vida”.
Desde la primavera pasada, por orden de la comisionada de policía Jessica Tisch, esa denominación se utiliza en el registro del 911, con un acumulado de 155.000 llamadas al cierre del año. Aunque no se detallan los motivos específicos, la policía los vincula a quejas por ruidos, venta ilegal, bicicletas eléctricas o vehículos abandonados.
Gilbert consideró que “esas circunstancias se asemejan mucho a disputas interpersonales” y podrían ser mejor atendidas por “personas conocedoras de recursos comunitarios capaces de encontrar soluciones consensuadas”. Afirmó que todos tienen derecho a sentirse seguros, pero que si existen condiciones ambientales que afectan la calidad de vida, no hay pruebas de que la respuesta policial sea la opción más adecuada.
Como ex integrante del equipo de transición de Mamdani en materia de justicia penal, Gilbert recomienda la participación de “operadores, despachadores, respondientes alternativos y ciudadanos con experiencia real en el sistema 911” en el diseño y supervisión de la estrategia de emergencias. Esto implicaría capacitaciones para evaluar el contexto antes de asignar la respuesta policial.
El informe sostiene que “las pruebas demuestran que la amplia mayoría de estas llamadas (no criminales) serían mejor atendidas por equipos especializados en salud mental y comportamiento, desescalada y mediación”.
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