Madrid, 9 jun (EFE).- El Tribunal de Cuentas estudia la posibilidad de elaborar un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias de la prórroga presupuestaria en la gestión del propio presupuesto.
La presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, ha explicado este martes ante la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que se trataría de "entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos", algo que podría hacerse a través de una nota o de un informe.
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Chicano ha comparecido para informar sobre la declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, que incluía como incidencia el uso de créditos presupuestarios "sobrantes" de fondos europeos para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros.
Esta cuestión ha sido destacada por el PP, que ha afeado que la contabilidad del Estado "cumple formalmente", aunque "presenta fallos de calado", y por Vox, que ha avanzado que votará en contra porque la cuenta no se incluye ningún énfasis sobre un uso de fondos europeos que "sienta un mal precedente institucional".
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Ante estas críticas, Chicano ha insistido en que el informe "no dice que se utilizaron fondos europeos para pagar pensiones", sino que, en un ejercicio de transparencia, traslada las "incertidumbres" del Tribunal sobre los fundamentos jurídicos utilizados por el Gobierno, que "deberían haber quedado mejor justificados".
Tal y como alegó el Ministerio de Hacienda y avaló después la Comisión Europea, al prorrogar los presupuestos de 2023 a 2024 quedó prorrogada la partida destinada al Plan de Recuperación, pese a que las necesidades de recursos en ese año eran menores.
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Esto generó unos créditos presupuestarios sobrantes que se utilizaron para el pago de otros gastos, algo posible ya que el desembolso de fondos europeos va ligado al cumplimiento de hitos y objetivos, no a gastos finalistas concretos.
"Los fondos europeos no son finalistas", ha señalado Chicano, por lo que "la utilización de estos créditos no compromete ni el cumplimiento ni la capacidad de absorción" de los fondos, aunque el Tribunal destacó esta cuestión en su informe porque había generado dudas de si debería haberse considerado una salvedad.
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La presidenta del Tribunal ha añadido que el hecho de que esta incidencia se hubiera incorporado como salvedad en la declaración no influiría en la valoración general de la cuenta, ya que apenas afecta al 0,3 % del presupuesto. EFE
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