
El sindicato Jupol ha registrado un escrito ante el Consejo de la Policía Nacional para solicitar la retirada de las medallas 'pensionadas' al ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González y a su asesor, el comisario Óscar San Juan, tras la querella que acusa al primero de un delito de agresión sexual contra una subordinada.
En el escrito, consultado por Europa Press, Jupol insta a la incoación de expediente para la retirada de dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo concedidas a José Ángel González y de una Medalla de Plata al Mérito Policial otorgada a Óscar San Juan.
La Cruz con distintivo rojo conlleva una pensión vitalicia equivalente al 10% del sueldo base y la Medalla de Plata acarrea un incremento de la pensión del 15% también vitalicio y mensual.
La iniciativa sindical se fundamenta en la gravedad de los hechos que han trascendido públicamente y que, sostienen, afectan directamente al prestigio y la credibilidad de la institución policial. La querella se ha interpuesto por los delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
Tras la querella y citación judicial, el DAO renunció a su cargo alegando que quería defenderse y salvaguardar el buen nombre de la Policía. Además, el Ministerio del Interior abrió una información reservada al comisario San Juan y le apartó de sus funciones.
Según recoge el escrito presentado por Jupol, la presunta implicación de ambos mandos en actuaciones destinadas a "coartar y silenciar" a una funcionaria víctima de agresión sexual resulta incompatible con los valores que representan las condecoraciones de la Policía Nacional.
Estas distinciones, reguladas por la Ley 5/1964, de 29 de abril, están reservadas para premiar actuaciones ejemplares, servicios de especial trascendencia y hechos que impliquen valor y riesgo personal en beneficio del prestigio del Cuerpo.
Desde Jupol se considera que el mantenimiento de estas condecoraciones mientras persistan graves sospechas judiciales supone un "daño directo" a la imagen de la Policía Nacional y un agravio para miles de agentes que desempeñan su labor con profesionalidad, integridad y sacrificio diario.
El sindicato ha reclamado que se actúe con "transparencia y contundencia en defensa del honor institucional y de la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
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