El Supremo interroga hoy a un exdirectivo de Acciona y un subordinado por los amaños de obra del 'caso Koldo'

Pagos realizados mediante tarjeta de crédito por más de 33.000 euros y hábitos de consumo relacionados con familiares de colaboradores cercanos a Santos Cerdán forman parte de los nuevos elementos sumados a la investigación judicial que conduce el Tribunal Supremo en el denominado ‘caso Koldo’. Bajo estas circunstancias, el proceso se intensifica con la citación de un exdirectivo de Acciona y de uno de sus subordinados para declarar hoy en sede judicial acerca de la estructura, legalidad y propósito de importantes movimientos financieros entre Acciona y la sociedad Servinabar, según informó Europa Press.

El Tribunal Supremo dirige el análisis hacia la trazabilidad de fondos públicos, centrándose especialmente en transferencias y adjudicaciones que implican a Acciona y Servinabar por importes superiores a 9,7 millones de euros. Europa Press detalló que los interrogatorios de hoy cuentan con el respaldo de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la supervisión del juez Leopoldo Puente, quien encabeza la instrucción. Los responsables de Acciona y Servinabar deberán aportar información sobre las operaciones comerciales y laborales investigadas, así como la autenticidad y legalidad de los contratos ligados a transferencias bancarias de alto valor.

Los registros bancarios inspeccionados indican que más de 6,7 millones de euros salieron directamente de Acciona hacia Servinabar a lo largo de la última década. Esta cantidad representa cerca del 75% de los ingresos totales de Servinabar en ese periodo. Europa Press consignó que la investigación añade otros 2,1 millones de euros correspondientes a un conjunto de pagos a empresas, individuos, comisiones, nóminas y abonos a Hacienda, que carecen de justificantes documentales claros. Este contexto llevó a una revisión sobre la legitimidad de dichos movimientos financieros y la hipótesis de un posible uso de contratos simulados o empresas pantalla para extraer fondos públicos.

Uno de los ejes bajo investigación es el rol de Santos Cerdán, quien ostentó el 45% del capital de Servinabar desde 2015. Su papel como accionista mayoritario ha suscitado el interés del Supremo, ya que el proceso judicial escruta tanto su implicación en la gestión financiera como su poder de decisión respecto a los fondos en cuestión y la supervisión de contratos de proyectos de obra pública. Entre los contratos revisados figuran la autovía de Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú, que suman conjuntamente un valor de 245 millones de euros. Según datos de Europa Press, estos acuerdos resultan centrales en las sospechas sobre fraude en la adjudicación de contratos y posibles desvíos de recursos estatales.

La relación entre Servinabar y Acciona se fraguó, en sus primeras etapas, mediante el acuerdo entre Justo Vicente Pelegrini, jefe de construcción de Acciona, y Antxon Alonso, alto cargo de Servinabar. En ese pacto se garantizaba a la empresa de Cerdán una participación mínima del 2% en los proyectos conjuntos, acuerdo que actualmente es minuciosamente revisado por la justicia para determinar si constituyó un mecanismo de asignación irregular de beneficios. Los documentos examinados en la instrucción judicial, tal como expuso Europa Press, exploran la posibilidad de que los contratos sirvieran para extraer réditos fuera del marco legalmente permitido.

Las investigaciones financieras abarcan además múltiples gastos en alquileres, compras y otros consumos periódicos de Servinabar, incluyendo pagos detectados mediante una tarjeta de crédito por más de 33.000 euros en cadenas comerciales que operan a nivel nacional. La causa recoge grabaciones entre Antxon Alonso y su esposa donde se hace referencia a costumbres de gasto de personas próximas a Santos Cerdán. Estos elementos amplían el radio de análisis en torno al posible uso privado o irregular de los fondos de la empresa, según publicó Europa Press.

El rastreo de las comunicaciones internas entre los implicados ha enfrentado desafíos adicionales debido a la adopción de videollamadas y otras soluciones tecnológicas, que sustituyeron a la telefonía convencional en la trama, factor que ha complicado la obtención directa de pruebas, consignó Europa Press. Este aspecto requiere esfuerzos reforzados de investigación para reconstruir la coordinación interna y la circulación de instrucciones dentro de las estructuras empresariales bajo sospecha.

Koldo García figura en la causa debido a su colaboración en la adjudicación de contratos gestionados por la unión temporal de empresas formada por Acciona y Servinabar. Las pesquisas se han extendido también a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, así como a su entorno y la sociedad OPR, todos objeto de inspecciones en las siguientes etapas del procedimiento, según información de Europa Press.

Europa Press reportó que Acciona comunicó el cese de Justo Vicente Pelegrini y la extinción de toda relación contractual con Servinabar al hilo de los hallazgos recientes. A estos despidos se añadieron suspensiones temporales de Tomás Olarte y de Manuel José García Alconchel, responsables directivos en el norte y sur de la compañía, respectivamente. La empresa señalizó que las conductas investigadas corresponden a actuaciones independientes de esas personas y negó la existencia de pagos fuera del marco legal. Además, remarcó que utilizará los recursos jurídicos disponibles para obtener resarcimientos por los daños causados por antiguos empleados.

El expediente judicial incorpora también elementos de alcance internacional, con la investigación sobre la licitación de una obra en Kenitra, Marruecos, en la que intervino el exdirectivo Manuel José García Alconchel. Las recientes diligencias judiciales han incrementado el volumen de documentos y testimonios recogidos, con la finalidad de esclarecer los mecanismos de toma de decisiones y la administración financiera tanto en Acciona como en Servinabar, según consignó Europa Press.

El listado de investigados ha crecido con la incorporación de nuevos altos cargos, responsables políticos y encargados de los controles económicos en Servinabar. Europa Press indicó que la dispersión de fondos verificada, la red de sociedades y de particulares vinculados, la fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias y la revisión legal de cada acuerdo firmado han llevado al juez Leopoldo Puente y a la UCO a mantener abiertas varias líneas de análisis.

La instrucción judicial se concentra en reconstruir las rutas completas que siguió el dinero público presuntamente desviado, otorgando especial relevancia a los roles de los responsables políticos señalados, en particular Santos Cerdán, tanto en la planificación como en la implementación de los contratos objeto de controversia. Según Europa Press, el caso permanece en una etapa de estudio detallado de cada operación bancaria y societaria involucrada, con revisiones individualizadas y el examen exhaustivo de los acuerdos de mayor envergadura, lo que abre nuevas fases para evaluar cada transacción detectada entre Acciona y Servinabar.