Sumar quiere que el Gobierno reconozca públicamente el legado "pedagógico, humanista y libertario" del pedagogo catalán Francisco Ferrer i Guàrdia y que anule el juicio y la sentencia que le condenó a muerte en 1909 al ser considerado instigador de los disturbios que tuvieron lugar en Cataluña, en protesta por el reclutamiento de reservistas para la guerra de Melilla decretado por el Gobierno de Antonio Maura, la conocida como Semana Trágica.
Así consta en una proposición no de ley que la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aina Vidal, ha registrado para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, Sumar recuerda que Ferrer i Guàrdia fue el fundador de la Escuela Moderna, un proyecto pedagógico laico basado en la razón, la ciencia, la coeducación de sexos y clases sociales y el pensamiento crítico.
Fue fusilado en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc tras un consejo de guerra "sin garantías" y por la "falsa acusación" de haber instigado la revuelta de la Semana Trágica. Su ejecución fue denunciada internacionalmente como una injusticia evidente y provocó protestas en París, Londres, Nueva York, Bruselas o Buenos Aires.
Según detalla el texto, recogido por Europa Press, el juicio estuvo marcado por una campaña de represión desde sectores políticos, religiosos y mediáticos y, con su condena, las autoridades quisieron reprimir un modelo que cuestionaba el orden establecido.
LUCHÓ POR LA EDUCACIÓN LAICA E IGUALITARIA
Para el socio minoritario del Gobierno, pasados 116 años de su fusilamiento ha llegado el momento de reconocer la injusticia que se cometió con él y de restituir "el buen nombre de un hombre que luchó por una educación laica, libre e igualitaria".
Por todo ello, plantean que el Congreso inste al Gobierno a a dictar una resolución que anule el juicio y la sentencia que le condenó a muerte, a hacer un reconocimiento público e institucional de su legado y a impulsar medidas de "reparación simbólica, educativa y memorialista".
Además de reclamar la "asunción de responsabilidades por parte de las instituciones, en coherencia con los principios de verdad, justicia y reparación que deben guiar toda política de memoria democrática", Sumar también pide que el caso de Ferrer i Guardia se integre en las políticas públicas de memoria histórica.
Últimas Noticias
El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares
La formación nacionalista urge a publicar la totalidad de las argumentaciones judiciales en sentencias relevantes, reivindicando que la transparencia es clave para fortalecer la confianza social, proteger la independencia judicial y evitar percepciones de manipulación o falta de imparcialidad
Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"
Colectivos sociales y activistas exigen que órganos ajenos supervisen denuncias por acoso sexual en el PSOE, ante la desconfianza por la gestión interna y la presión para establecer auditorías independientes que garanticen transparencia y protección a las víctimas
El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo
Expertos independientes, confidencialidad reforzada y separación inmediata de señalados forman el nuevo paquete de reformas del partido tras el caso en Lugo, en un intento por evitar impunidad y fortalecer la protección de víctimas y denunciantes
El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar
El fallo del Tribunal Supremo deja sin funciones a García Ortiz, dando paso a la elección de Peramato, cuya trayectoria en defensa de los derechos fundamentales es destacada por el BOE como clave para la nueva etapa del Ministerio Público
El BOE publica el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa
Auditorías internas revelaron fallos graves en la gestión de denuncias y protección laboral en la Administración central, impulsando una reforma estructural con tecnología digital y controles reforzados para mejorar la transparencia, la trazabilidad y la protección de los empleados públicos
