
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo' ha recibido desde un juzgado de Madrid una denuncia de Vox contra el PSOE por presunta financiación ilegal, si bien el instructor, Ismael Moreno, ha recordado a los de Santiago Abascal que cualquier petición tienen que hacerla a través del PP, que es quien dirige las acusaciones populares de la causa.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor comunica que da por "recibida" la documentación enviada por el Juzgado de Instrucción Número 37 de Madrid, que abrió diligencias previas tras esa denuncia.
La denuncia de Vox iba acompañada de una petición de medidas cautelares de "aseguramiento de prueba anticipada" por "el transcurso de tiempo atendiendo a las fechas de los documentos, para que no se proceda a su destrucción" y por "la implicación directa de un exgerente, la actual gerente y responsable de las finanzas y del departamento de cumplimiento normativo del PSOE" y "de personas vinculadas estrechamente con la ejecutiva, cargos orgánicos y cargos públicos".
Vox reclamó la entrada en la sede del PSOE para la obtención de los documentos en soporte físico y digital que tengan relación con las entregas en metálico realizadas a sus cargos, así como los registros y documentos contables que sostengan la caja de dinero en efectivo y los que estén en ordenadores del departamento de contabilidad y gerencia que tengan relación con los recursos económicos del partido.
También pedía la entrada en el domicilio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, que declaró en el Supremo como testigo, y de Ana María Fuentes, actual gerente, para copiar los documentos que conserven físicamente o de forma digital en sus ordenadores personales.
El juez de la AN incorpora la documentación en el expediente judicial, pero incide en que Vox "no está legitimado para presentar escritos en este procedimiento" y le hace saber que "las peticiones y escritos que estime por conveniente presentar deberán realizarse a través de la representación procesal de la acusación popular unificada, recaída en tal concepto en el Partido Popular".
LA AUDIENCIA NACIONAL ES LA "COMPETENTE"
Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juzgado madrileño remitió las diligencias previas para que la AN las acumulara a la pieza separada abierta para investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, como le había instado el Tribunal Supremo.
El juzgado señaló que la Audiencia Nacional es la "competente para conocer de los hechos y resolver sobre las medidas cautelares de aseguramiento documental".
A través de un auto, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la jueza Purificación Romero indicó que "los hechos por presunta financiación ilegal del PSOE" están en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, cuyo titular es Moreno, por lo que la investigación debía "sustanciarse en un solo procedimiento al tratarse de los mismos hechos".
Y respecto a las cautelares solicitadas, la juez expresó que la Fiscalía informó que no cuenta con "un sólido y necesario respaldo policial materializado en un atestado completo y detallado que justifique la adopción de medidas de tan hondo calado constitucional".
A la vez que advirtió de que, como la AN ya investiga los pagos en metálico del PSOE, cualquier decisión de otro juzgado "podría colisionar y ser contradictoria con la resolución que pudiera dictarse por el Juzgado Central de Instrucción Número 2", a quien entiende que "corresponde resolver sobre tal solicitud".
El Supremo emplazó a la Audiencia Nacional a investigar los pagos del PSOE al considerar que pudo haber un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido, ni los investigados ni los trabajadores que declararon como testigos han esclarecido ese asunto.
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