Madrid, 14 feb (EFE).- El Ministerio de Sanidad vuelve a reunir este viernes a las comunidades para analizar el plan de salud mental, con el que se pretende humanizar la atención reduciendo el uso de psicofármacos o los ingresos forzosos, y el de prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año.
Son los únicos puntos del orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de cuyo resultado dará cuenta la ministra Mónica García en una rueda de prensa conjunta con la comisionada de Salud Mental, Belén González, a partir de las 13.30 horas.
Ministerio y comunidades empezarán por el 'Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027', que aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor "prescripción social" a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica. También recoge una regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.
Elaborado por el Comisionado de Salud Mental, las comunidades, sociedades científicas, asociaciones y organizaciones de distintos ámbitos, el documento se justifica en que la salud mental es uno de los grandes desafíos del sistema sanitario, particularmente tras la pandemia, que elevó "sustancialmente" la prevalencia de la ansiedad y la depresión.
A continuación, pasarán al 'Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027', un compendio de 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.
Por ejemplo, apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).
Al tratarse de un fenómeno "complejo y multicausal", es muy difícil predecirlo, pero el plan aboga por priorizar los grupos de mayor riesgo: personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia; pacientes con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios.
El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.
Tanto el de salud mental como el de prevención del suicidio contarán con un presupuesto aún por definir cuya distribución entre comunidades estará supeditado "al cumplimiento de acciones" recogidas en ambos según los criterios debatidos con el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del SNS que serán sometidos a la aprobación posterior del pleno del Interterritorial. EFE
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