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Madrid, 11 feb (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática Histórica y Democrática de Cantabria, al igual que hizo con la misma norma del Gobierno de Aragón.
Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que Cantabria rechazó la posibilidad de negociar un acuerdo y evitar el recurso en la Comisión Bilateral de Cooperación.
La derogación de esta ley se hizo efectiva después de que fuera aprobado en el Parlamento de Cantabria con la mayoría de PP y Vox, y su posterior publicación, el pasado 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Precisamente, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez, del PP, firmó la derogación en el BOC de esta ley (que sacaron adelante PCR y PSOE en 2021) con el argumento de que "nació muerta" porque "no hubo consenso" en su tramitación.
"De una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación", dijo en el preámbulo de la derogación de la norma.
PCR y PSOE denunciaron, por contra, en el Parlamento regional que con ella se derogaba una norma que reconocía "los derechos de todas las víctimas", cerraba heridas, y que acababa con una "mentira intencionada", que "instala en el olvido los crímenes del franquismo".
Ahora, el Gobierno de España ha decidido recurrir la decisión porque, según argumenta en su recurso, la derogación de la norma "menoscaba" el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD)", según argumenta en su recurso.
En concreto, sostiene que la ley de Cantabria "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica".
"Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal", agrega.
Igualmente destaca que el dictamen mayoritario del Consejo de Estado aprecia "la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley" y que, por tanto, "resulta procedente la impugnación". EFE
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