A prisión dos de los detenidos esta semana por otro fraude millonario en hidrocarburos

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado prisión provisional para dos de los detenidos esta semana en una nueva operación contra el fraude de IVA en hidrocarburos que asciende a unos 184 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha tomado declaración este viernes a tres de los once detenidos y ha acordado enviar a dos de ellos a prisión preventiva, a quienes investiga por presuntos delitos de organización criminal y contra Hacienda, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El tercero ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

La operación Quíone, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se saldó con la detención de once personas en siete provincias, y la presunta implicación de otros ocho investigados y 34 empresas, además de la intervención de 150.000 euros en efectivo y 7 millones en criptoactivos.

Se trata de una nueva operación contra el fraude del IVA de los carburantes que no está vinculada con la que provocó la detención de Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo y presunto cabecilla de una red que, de acuerdo con las últimas averiguaciones de la Unidad Central Operativa del instituto armado, habría defraudado 231 millones de euros.

La Agencia Tributaria cuantifica el fraude de la operación desarrollada esta semana en 184 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023.

Se habría perpetrado a través de un amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada: se usaban empresas meramente instrumentales con las que, además de procurarse el éxito de la operativa delictiva, dificultaban su detección.

Estas empresas trasladaban facturación y combustible adquirido, simulando tener una actividad legal. En esa arquitectura empresarial se encontraban las sociedades destinadas a acumular cuotas de fraude, es decir, cuya finalidad era no abonar las cuotas de IVA al erario, eludiendo así el pago de este impuesto, según explicó la Dirección General de la Guardia Civil. EFE