Condenado el exdelegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana por el cartel del fuego

Madrid, 6 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a un año y nueve meses de cárcel al exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, al considerar que formaba parte de un cártel en los contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018 en la región.

El exdelegado es uno de los doce acusados a los que la Audiencia ha condenado a penas de entre dos años y tres meses, la máxima, y seis meses, la mínima, de cárcel.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal han acordado también absolver a otros cuatro acusados en este procedimiento, conocido como "el cártel del fuego", que no habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, como sí hicieron los otros doce.

Al exdelegado del Gobierno le condenan por delito continuado de cohecho, de prevaricación, de malversación y de falsedad en documento oficial, con la atenuante analógica de confesión tardía y simple de dilaciones indebidas, mientras que le absuelve del delito de asociación ilícita.

En su resolución, el Tribunal impone por primera vez la prohibición de contratar con las administraciones públicas durante nueve meses a las empresas Avialsa T35, Trabajos Aéreos Extremeños (Taexsa), Martínez Ridao Aviación, S.L., Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas, S.L. (Saeta), T.A. Trabajos Aéreos Espejo        S.L., Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. (Cegisa), Inaer -posteriormente Babcok Mission Critical Services España, y Fumigación Aérea Andaluza S.A. (FAASA), posteriormente Pegasus.

La Sala aplica a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas porque el caso se inició en 2015 y se ha sentenciado casi diez años después, entre otros motivos por la sobrecarga de macrocausas en la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Esta situación, indica la sentencia, no puede perjudicar a los justiciables, que deben ser compensados con la mitigación de la pena.

La sentencia describe cómo entre 1999 y 2018 un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea de extinción de incendios, tras concertarse para repartirse geográficamente los concursos públicos a nivel nacional, desarrollaron una serie conductas ilícitas en las que contaban, en algunos casos, con la colaboración de autoridades o funcionarios públicos con competencias en la materia.

Su proceder consistió en la fundación y posterior funcionamiento de una "asociación" de personas y empresas del sector de la navegación aérea, que, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia", dice el fallo.

Y lo hacían mediante "el reparto fraudulento del mercado, la licitación por parte de los asociados acusados con turnos y ofertas previamente pactadas entre ellos o, mediante la concurrencia de uno solo de los concertados".

También, "mediante la utilización de mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante".

A través de la prueba practicada, sostiene el Tribunal, se concluye "la existencia de pactos colusorios" desarrollados en el mercado de la navegación aérea de extinción de incendios en concursos en las comunidades valenciana, catalana, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y, en menor medida, la comunidades andaluza y castellano-manchega. EFE