El Gobierno impulsa medidas para agilizar trámites en registros y notarías tras la dana

Madrid, 5 nov (EFE).- El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas que buscan agilizar los trámites en registros y notarías para certificar la localización de los bienes inmuebles que han sido asolados por la dana que ha golpeado el Levante y obtener la documentación que se ha perdido.

Unas medidas que forman parte del paquete de ayudas anunciado este martes por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por un valor total de 10.600 millones de euros para tratar de mitigar los efectos de la dana en 78 municipios de Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía.

En el ámbito de la Justicia, según informa el Ministerio, el paquete aprobado incluye mecanismos para que los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus casas y fincas tras el corrimiento de tierras provocado por las inundaciones, y obtener la documentación que han perdido.

Con ese objetivo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha habilitado un portal de emergencias registrales que, vía satélite, puede reconstruir dónde estaban las fincas.

Además, los registradores emitirán de forma gratuita notas de localización de patrimonio inmobiliario u otros bienes para las personas afectadas y se ha facilitado que los notarios puedan prestar asesoramiento notarial, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

En juzgados, notarias, registro civil y otras instituciones registrales se ha habilitado el teletrabajo, y se ha aprobado un refuerzo inmediato en los juzgados de Torrent, Catarroja y Requena, que supone la incorporación de un juez y un letrado de la Administración de Justicia por cada uno de estos partidos, que empezarán a trabajar el próximo jueves.

Según informa el comunicado, el Ministerio se ha comprometido con la Conselleria de Justicia valenciana a valorar la puesta en marcha de un plan de choque para reforzar los juzgados si hay acumulación de retrasos.

Además, se ha ratificado la suspensión de los plazos procesales adoptada por el Consejo General del Poder Judicial y se ha acordado la suspensión de plazos administrativos para evitar cualquier perjuicio en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Las medidas buscan garantizar que los servicios públicos del ámbito de la justicia ofrecen una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones.

Se articulan a través de un acuerdo de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para Valencia, Castilla la Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, y un real decreto de medidas urgentes, que han sido coordinadas por el Ministerio.EFE