Sevilla, 9 sep (EFE).- La titular del juzgado de instrucción número 15 de Sevilla ha dictado una providencia en la que reclama a la Fiscalía que aclare quién se tiene que hacer cargo del caso del maltratador que se cambió de sexo y está condenado a 15 meses de prisión, tras inhibirse en este asunto el juzgado de violencia sobre la mujer.
Unos hechos que se conocieron el pasado 21 de agosto, cuando un condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja era informado, al igual que ella, de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se inhibía en el caso, mientras que su abogado había pedido el indulto de la pena.
El Juzgado envió el caso a Instrucción, que a su vez lo ha remitido al número 15 para que siga con las actuaciones, pero la jueza considera, en la providencia a la que ha tenido acceso EFE, que “dadas las circunstancias personales de las personas litigantes”, es el Ministerio Fiscal el que tiene que decidir qué se hace con este asunto.
Por ello, pide que se remitan las actuaciones “a fin de que informe si este órgano es competente para continuar con el conocimiento de la causa” o procede plantear una cuestión de competencia a la Audiencia Provincial”.
La magistrada recuerda que no consta el visto del Ministerio Fiscal en el auto dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Sevilla de fecha 13 de agosto de 2024 “acordando la inhibición a favor de los Juzgados de Instrucción de Sevilla por falta de competencia objetiva”.
Un caso que se inicia, según ha explicado a EFE el letrado de la víctima, José Antonio Sires, cuando la mujer rompió la relación sentimental con su expareja hace cinco años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos a los que fue sometida durante una década, hechos que fueron denunciados en numerosas ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
En 2014 le fueron concedidas a la víctima varias órdenes de protección frente a su agresor, que quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas.
Tras varios recursos, todos ellos desestimados, un juzgado de lo Penal de Sevilla ordenó el 11 de septiembre de 2023 su ingreso inmediato en prisión, con el apercibimiento de librar la correspondiente requisitoria a los fuerzas y cuerpos de seguridad para su detención e ingreso forzoso en un centro penitenciario.
Un mes antes, el agresor acudió al Registro Civil y se registró como mujer, en lo que el letrado considera "un indubitado fraude de ley", al considerar que el cambio de sexo registral del agresor, que cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género, busca ser enjuiciado por un tribunal penal y no por uno especifico de Violencia de Genero.
De esta forma, pretendería evitar las penas concretas que se imponen al hombre que ejerza violencia física o psicológica contra su mujer o exmujer.
La defensa del agresor ha presentado además petición de indulto frente al ingreso en prisión, pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla y, hasta entonces, la víctima "sigue sufriendo un calvario continuado por nuevas amenazas y agresiones", ha dicho Sires.
Tras el cambio de sexo, ha añadido, "las agresiones y amenazas, lejos de cesar han continuado, temiéndose por la integridad física de la víctima".
Así, el pasado julio volvió supuestamente a agredirla y a amenazarla con frases como "te quedan pocos días de vida" y, tras acudir al lugar de los hechos una patrulla de Policía Nacional, el agresor se dirigió a los agentes con frases como "soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho".
El 13 de agosto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que conoce el caso y los antecedentes del mismo, dictó auto de inhibición a los juzgados de instrucción, argumentando que el sexo de la persona denunciada ha cambiado, "siendo ahora el de mujer" por lo que "sobreviene falta de competencia objetiva".
Sires sostiene que el cambio de sexo registral se ha hecho "sin la exigencia de buena fe y en fraude de ley" y que se procederá, entre otras gestiones, a pedir la anulación del trámite en el Registro, "pudiendo incluso exigir una responsabilidad civil o administrativa".
El letrado ha indicado que hay precedentes de actuaciones judiciales que "dejan claro" que los hombres que cambien su sexo "no pueden eludir las condenas por violencia machista", puesto que se mantienen las responsabilidades jurídicas que la persona tuviese antes de la rectificación registral. EFE
1010626
fcs/bfv/mcm
Últimas Noticias
Anya Niewierra: "¿Puede un lugar y su gente transformar a un ser humano malo?"
"No me sorprendió la muerte de Liam Payne", dice psicóloga experta en sector de la música
La Policía lleva a Valencia más grupos de las UIP con todoterrenos y vehículos pesados
Ibon Navarro: “No estamos bien, nos falta fluidez, dureza y chispa”
Epifanio: "La victoria tiene mucho valor"
