Inspector Morocho, el hombre que rechazó el FBI para chapotear en las cloacas de Kitchen sin equipo y entre presiones: “Tenías que estar muerto”

Trece años han tenido que pasar para que la Audiencia Nacional celebre el juicio por el caso Kitchen, la causa que apunta a la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente y como principal señalado. Según la Fiscalía, es el presunto cabecilla político de una trama dirigida a robar pendrives y agendas de Luis Bárcenas con la contabilidad B del PP para evitar que acabaran en manos del juez. Solo dos han transcurrido para que tenga lugar, y coincidan en el tiempo, el del caso mascarillas, que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, si bien este último ha obrado más de acusación que de acusado, apuntando a Pedro Sánchez.

Los titulares han sido para el presidente, sobre el que no consta prueba ni citación al respecto. Y pese a que por la Audiencia y el Tribunal Supremo han desfilado rostros tan conocidos como los propios Ábalos, Koldo, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría -estos dos últimos en calidad de testigos-, ninguno de ellos ha protagonizado un interrogatorio como el de Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación de Gürtel. Fue quien en 2013 recibió el encargo de elaborar un informe sobre los llamados papeles de Bárcenas, el trabajo en el que más presión, obstáculos y zancadillas ha debido sortear.

Morocho es presentado como jefe de la UDEF, pero podría serlo por algún otro cargo de los que se le ofrecieron a lo largo de las pesquisas para que se apartara del caso, todos mejor remunerados. No aceptó. Pero no pudo hacer nada por retener a su equipo, que, uno a uno, también recibió suculentas ofertas, hasta dejarlo solo. Pero, por comenzar por el principio, 2013, Morocho relató al tribunal que nada más recibir el encargo, sus superiores le transmitieron que aquella documentación era “una ideación de Bárcenas” sin “ninguna verosimilitud” y que respondía a cosas “de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba”, en referencia al PP.

El nombre de Rajoy

Preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, confirmó que recibió una instrucción expresa para que el nombre de Rajoy no apareciera en sus informes. Pero la presión no se limitó al entonces presidente. Cuando Morocho incluyó en uno de sus informes a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, su jefe de unidad, Manuel Vázquez, le llamó al día siguiente para decirle que había cometido un “grave error” y le instó a subsanarlo. El inspector se negó porque no podía “omitir a nadie” y trasladó el asunto al juez instructor. La mención generó, según sus palabras, “desasosiego en toda la escala de mandos”.

En ese contexto, a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, “se le escapó” revelarle que López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en el caso Kitchen. El nombre de Cospedal tampoco pudo reflejarse pese a que aparecía como persona apoderada de una cuenta.

El episodio más grave que describió Morocho fue la filtración de un documento de su investigación a la propia Cospedal. Su entonces jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, le solicitó un fax intercambiado entre Pablo Crespo y Bárcenas que permitía identificar al extesorero como ‘Luis el cabrón’ y, posteriormente, le comunicó: “Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal y lo tiene en su caja de seguridad”. “Me quedé estupefacto (...), era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba, (...) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación”, declaró el inspector ante el tribunal.

“Querían echar abajo la investigación”

Morocho también atribuyó a Olivera haberle pedido el teléfono de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, cuando este ya había ingresado en prisión provisional, lo que interpretó como un “indicador” de que “el escenario que se estaba generando era de que iba a haber una acción en el entorno del extesorero”. El investigador avisó al juez instructor Pablo Ruz de la existencia de esa pesquisa paralela en 2015: “Están encima de Bárcenas”, le dijo, y ambos optaron por actuar “con cuidado porque había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación”.

Las obstrucciones, según el testigo, tenían una cadena de mando definida. El fiscal César Rivas le preguntó por los nombres implicados y Morocho los enumeró. Las reuniones con esa cadena de mando se convertían en sesiones de cuestionamiento sistemático sobre el contenido de sus informes: si la documentación era extracontable o no, quiénes figuraban como donantes o receptores de fondos, o la correlación entre las salidas de caja B y los pagos de la reforma de la sede del PP.

La estrategia para neutralizar al grupo de investigación incluyó también el desmantelamiento progresivo del equipo. Tres personas lo abandonaron en 2013, un subinspector en 2014 y otras cinco en 2015, a quienes se les ofrecieron puestos mejor remunerados. La merma dejó informes sin elaborar “porque no había capacidad investigativa”. A Morocho, en particular, se le ofreció un destino en Lisboa -en una conversación en la que Olivera dijo haber recibido una llamada del entonces ministro del Interior, Fernández Díaz- y una estancia de formación con el FBI en Estados Unidos. Él rechazó ambas ofertas y alertó al juez de que intentaban “largarle”. El superior Vázquez llegó a decirle que el propio Rajoy conocía “su nombre”.

Tornillería, un taladro y matrículas policiales

El entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, le presentó al comisario Enrique García Castaño -figura central en Kitchen pero apartada de la causa por motivos de salud-, quien le espetó: “Tú qué haces aquí si tenías que estar muerto”. Morocho también relató indicios de que su despacho pudo haber sido vigilado con micrófonos. Ante el tribunal mostró una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía que encontró en su lugar de trabajo. El juez Ruz, ante esa evidencia, optó por trabajar con un portátil externo para evitar “fugas de información” y por mantener las conversaciones sensibles fuera del despacho.

Entre las maniobras de desgaste que describió el inspector figuró también la retención de un informe sobre el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, marido de la exministra de Sanidad Ana Mato. Morocho lo entregó en 2011 y sus superiores lo guardaron más de un año, hasta que el juez lo reclamó en febrero o marzo de 2012. Su contenido derivó en que Mato fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo.

Este lunes continúa el juicio, por el que pasan presidentes del Gobierno, ministros, altos mandos policiales, agentes encubiertos y confidentes, con diez acusados que afrontan peticiones de cárcel de 19 años para Villarejo o 15 para Fernández Díaz y su ‘dos’ Francisco Martínez, además de la inhabilitación. Serán un total de 35 sesiones entre Madrid y San Fernando de Henares.