Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

La Fiscalía desempeña un papel central en los procesos penales y sus estrategias pueden incidir decisivamente en el rumbo de un juicio. Un abogado ha revelado tres tácticas habituales empleadas por la acusación que, aunque legales, son discutidas en foros jurídicos por su efecto sobre las garantías de los acusados.

El experto de THC Abogados (@thcabogados en TikTok) ha explicado las maniobras que realiza la Fiscalía en ocasiones y que presentan desafíos concretos sobre los límites de la actuación procesal y el equilibrio de fuerzas en los tribunales de España. El abogado las define como “trampas” del órgano judicial.

La primera táctica descrita por el experto, que señala que son explicadas por un exfiscal, es la trampa del juicio abreviado. Cuando la Fiscalía carece de pruebas consistentes, propone un acuerdo rápido con una pena reducida. La oferta, presentada como un beneficio, implica la aceptación de la culpabilidad, lo que resulta en una condena.

“Te presionan para que aceptes el trato porque la acusación no tiene claro el caso”, reconoció el experto. Esta práctica favorece una resolución expedita pero condiciona los derechos del acusado, quien acaba asumiendo responsabilidades sin facilitar un juicio con garantías completas.

Otra táctica ampliamente señalada es la sobreacusación. Utilizada para plantear delitos de mayor gravedad que los realmente demostrables, tiene como objetivo inducir miedo y propiciar negociaciones por infracciones menores. Como explica el exfiscal, “la fiscalía busca controlar el proceso generando temor ante posibles penas elevadas”. De esta manera, según este experto, logra acuerdos que no siempre reflejan la verdadera magnitud de los hechos probados durante el proceso judicial.

En tercer lugar destaca la estrategia del desgaste, orientada a prolongar el proceso. Según el exfiscal, “retrasan las fases del juicio para debilitar la posición de la defensa”. Consiste en postergar indefinidamente las actuaciones judiciales. El efecto acumulado recae en el acusado, quien ve cómo se agotan sus recursos y energías hasta que termina aceptando una salida pactada.

Estas técnicas parten de un enfoque que emplea el tiempo, el desgaste, la presión psicológica e incluso las consecuencias del nerviosismo o las prisas como herramientas de presión legítima para lograr sus objetivos. Aunque pueden plantear dudas sobre su compatibilidad con el derecho fundamental a un proceso equitativo, forman parte de las capacidades procesales del cargo fiscal.

Estas tácticas, aunque amparadas por la legalidad vigente, generan un debate intenso en el entorno jurídico español acerca de dónde se encuentra el límite entre una estrategia procesal legítima y un posible abuso de la posición de poder de la Fiscalía. Numerosas asociaciones de abogados y juristas instan a revisar estos procedimientos con el fin de fortalecer la transparencia y garantizar un equilibrio real de derechos entre las partes frente al Ministerio Público.

El análisis ofrecido por este exfiscal deja en claro la relevancia de conocer a fondo los mecanismos internos y las dinámicas de la acusación, con el objetivo de favorecer la igualdad de condiciones en los procesos penales y mantener bajo constante escrutinio público y profesional las prácticas recurrentes en los tribunales españoles.