Inspectores de Hacienda contra Montero: denuncian la creación de una estructura tributaria en Cataluña “sin amparo legal”

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña “sin amparo legal” y ha pedido al Ministerio de Hacienda que informe sobre si está previsto el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal como viene anunciando ERC.

La asociación ha transmitido en un comunicado su preocupación ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que desarrolla la estructura jurídica de la agencia catalana, validado ayer mismo en el Parlament de Cataluña.

A su juicio, esta iniciativa, que ha sido adoptada “sin respaldo legislativo alguno” que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, “pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial”.

Reasignación de trabajadores

Inciden en que a este contexto se suma la incertidumbre sobre el destino del personal de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña. La IHE denuncia “el desamparo” en el que quedarían estos empleados públicos y la falta de clarificaciones por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según la asociación, el ministerio no ha definido si prevé la reasignación de funcionarios estatales a la administración tributaria autonómica, una posibilidad señalada tiempo atrás por dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La inquietud de los inspectores se ve incrementada después de que ERC presentara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que recoge una nueva disposición a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para la transferencia de los “medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos, para delegar competencias en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo previsto para esta transferencia sería de seis meses desde la aprobación de la modificación.

Los inspectores de Hacienda también consideran “alarmantes”, las declaraciones recientes de Alícia Romero Llano, consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, en las que ha expresado su intención de gestionar gradualmente impuestos estatales, aspirar a una hacienda catalana y recaudar todos los tributos.

Interponer recurso

Por todo ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha solicitado a las comunidades autónomas evaluar la posibilidad de interponer recurso contra esta medida, y pide al Ministerio de Hacienda “explicaciones claras y garantías firmes” sobre la preservación de la función de la Agencia Tributaria estatal en todo el territorio nacional, así como del respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.

El avance en la consolidación de la ATC coincide con un contexto político complejo, marcado por la negociación de reformas y transferencias que figuran entre las demandas de distintos grupos parlamentarios catalanes. La validación del Decreto-Ley 15/2015, junto con la proposición de modificación de la LOFCA por parte de ERC, revela una estrategia autonómica orientada a ampliar el margen de autogestión tributaria en Cataluña.

La IHE advierte de la creciente inquietud en el colectivo de inspectores ante la perspectiva de que el Estado pierda capacidad de control y recaudación en Cataluña, lo que para la asociación afectaría a la arquitectura fiscal del país y a las garantías constitucionales de cohesión. El comunicado de la organización reclama una respuesta institucional proporcionada y rigurosa para abordar las consecuencias del proceso abierto en Cataluña.

Por su parte, el Gobierno no ha emitido un posicionamiento público definitivo sobre la situación de los funcionarios estatales ni sobre los límites legales de la operación de la Agencia Tributaria Catalana. Para los inspectores, la necesidad de transparencia y el respeto al marco constitucional deberían guiar la actuación de todas las autoridades implicadas en la gestión y supervisión de los tributos a escala nacional y autonómica.