Los gobiernos de Canarias y de España han acordado establecer un comité técnico interadministrativo que se encargará de evaluar “caso por caso” la distribución de los menores migrantes solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en el archipiélago, según ha informado Europa Press.
Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Cabello detalló que dicho comité estará integrado por ocho personas —cuatro designadas por cada administración— y que las sesiones serán grabadas para remitir posteriormente el material al Tribunal Supremo.
La primera reunión del comité se celebrará este mismo martes, con el objetivo de alcanzar los primeros acuerdos, ya que el próximo viernes expira el plazo “improrrogable” concedido al Estado por el Tribunal Supremo, según explicó el portavoz.
Cabello también indicó que se habilitará un “acceso inmediato” a la red estatal para todos los menores solicitantes de asilo en las islas, que actualmente suman 1.130. Solo se exigirán “documentos esenciales” para cada uno de ellos, y el plazo establecido para su presentación será de tres días hábiles o cinco días naturales.
El portavoz subrayó que “cada menor estará donde mejor se puedan cumplir sus derechos”, haciendo referencia a aquellos que ya se encuentran en Canarias, y remarcó que se busca evitar que “se produzca un nuevo desarraigo”.
“No se va a forzar la salida”, insistió, en caso de que se considere que los menores ya tienen una “estructura” estable en Canarias y que “es mejor” que permanezcan en el archipiélago. No obstante, en los nuevos casos que se presenten, el Estado “asumirá la guarda” de los menores “de forma compartida” con la comunidad autónoma de destino, así como los costes económicos del traslado.
Cabello también agradeció el “esfuerzo” realizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que han liderado la reforma de la ley de extranjería, y expresó su confianza en continuar con los “avances” necesarios para aplicar el decreto ley. Además, lamentó que no se haya cumplido la previsión del Estado de comenzar las derivaciones antes del verano: “Se nos está haciendo muy tarde”, concluyó.
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