Cuatro meses de prisión para un hombre que okupó una casa “en ruinas” y la reformó durante 10 años: tenía orden de expulsión del país

El acusado, que estaba acompañado por su hermano, afirmó no conocer las implicaciones legales de su situación de migrante ilegal (tenía una orden de expulsión del territorio francés) y planeaba abandonar la casa tras el Ramadán

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Fachada del 'Hotel Okupa' o
Fachada del 'Hotel Okupa' o 'La Jungla de Madrid', un condominio de lujo habitado ilegalmente por extranjeros latinoamericanos, entre ellos peruanos | Foto: El Español

Cuando una persona fallece y la herencia en cuestión es un inmueble suele haber disputas entre los familiares. En ocasiones, si esas disputas no se resuelven a tiempo, el problema se puede extender como ha sucedido en este caso, que la familia no se acordó del inmueble hasta que, 10 años después, decidieron descubrir qué ocurrió con esa casa y se la encontraron okupada, pero renovada y totalmente amueblada.

Un hombre tunecino de 30 años fue llevado ante la justicia en Bourgoin-Jallieu, Francia, tras ocupar de manera ilegal esta vivienda que había permanecido deshabitada durante una década. Según detalló el medio Le Dauphiné Libéré, el acusado no solo se instaló en la propiedad junto a su hermano, sino que también inició trabajos de remodelación en el interior del inmueble.

El incidente salió a la luz el pasado 24 de marzo, cuando una mujer de 26 años, heredera de la vivienda, descubrió que la puerta de la casa había sido forzada y que la cerradura había sido reemplazada. La propiedad, que pertenecía a su padre, llevaba diez años sin ser habitada.

Al ingresar al lugar acompañada por la policía, la joven encontró que la casa estaba completamente amueblada, con una cocina equipada, un televisor, un servicio de internet instalado y un sofá en el salón. En las habitaciones del piso superior se habían colocado colchones, y se estaban llevando a cabo trabajos de pintura.

La llegada de los ocupantes y su detención

Mientras las autoridades inspeccionaban la vivienda, dos hombres vestidos con ropa de trabajo llegaron al lugar. Uno de ellos fue detenido de inmediato, ya que tenía una orden de expulsión del territorio francés (OQTF, por sus siglas en francés). Durante su comparecencia ante el tribunal el 26 de marzo, el acusado declaró: “Tuve autorización. Estoy de vacaciones, tenía planeado irme después del Ramadán. La casa estaba en ruinas, la puerta estaba abierta”.

Según el relato del hombre, una vecina le habría dicho semanas antes: “No tienes derecho a estar aquí, pero no molestas a nadie”. El medio Le Dauphiné Libéré también informó que, durante su detención, el acusado intentó escapar, aunque fue rápidamente interceptado por los agentes. En su defensa, el hombre argumentó que desconocía las restricciones legales asociadas a su orden de expulsión, creyendo que esta solo tenía una vigencia de un año.

El caso fue llevado ante el tribunal judicial, donde el Ministerio Público destacó la falta de respeto del acusado hacia las leyes y los derechos de propiedad. “No respeta nada: ni su OQTF ni los bienes de otras personas”, señaló el representante del Ministerio Público durante la audiencia. Finalmente, el tribunal condenó al hombre a una multa de 1.000 euros con suspensión de pena por la ocupación ilegal de la vivienda, además de imponerle una pena de cuatro meses de prisión, también con suspensión, por su intento de fuga.

Contexto y reacciones

Este caso ha puesto de manifiesto las dificultades legales y sociales que rodean los casos de ocupación ilegal en Francia. La situación se agrava cuando los ocupantes no solo se instalan en propiedades ajenas, sino que también realizan modificaciones en ellas, como ocurrió en este caso. La vivienda había permanecido en estado de abandono durante una década, lo que pudo haber facilitado la entrada de los ocupantes.

El testimonio del acusado, quien afirmó que planeaba abandonar la vivienda tras el Ramadán, ha generado controversia, especialmente por su aparente desconocimiento de las leyes relacionadas con su situación migratoria y la ocupación de propiedades privadas. Este tipo de casos plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas legales para proteger los derechos de los propietarios y garantizar el cumplimiento de las órdenes de expulsión.