
El Partido Popular (PP), VOX y Junts tumbaron el decreto ‘ómnibus’ presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados el 22 de enero de 2025. Este incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos en el transporte público y ayudas para los afectados por la DANA, pero obtuvo 171 votos a favor frente a 177 en contra. Esta situación no es nada habitual, ya que desde 1996 hasta 2022 solo se han derogado cuatro intentos de 467, según ha comentado la organización Civio.
También aseguraba la prohibición de desahucios, especialmente a familias vulnerables, y de corte de suministros básicos en los hogares. Medidas que fueron prorrogadas a partir de la pandemia del coronavirus, y que cinco años después decaen. Algunas otras medidas que se contemplaban eran las ayudas a la industria electrointensiva, el aumento de inversiones interesantes extranjeras o las ayudas al Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos.
Suministros de agua, luz y gas
El decreto ya cancelado tenía contemplado prorrogar durante todo el 2025 la prohibición de cortes de suministros como el agua, la luz o el gas a personas vulnerables, así como el veto de desahucios a los okupas (en el caso de familias severamente vulnerables). Además, se ha tumbado la medida que mantenía, durante más tiempo, descuentos más altos en las facturas de luz para quienes cobraban el bono social.
Asimismo, la ley también prolongaba durante todo el año las deducciones fiscales para obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas. Ayudas que se repercutían al realizar la Declaración de la Renta y ahora quedan en el limbo, a pesar de ser una medida que llega directamente desde la Unión Europea.
“Es obligatorio, de hecho. Es la última directiva europea que tiene dos años para poderse implantar por los Estados miembros. Incluso podría llegar a limitar la demanda energética de los edificios y exigir un tipo de etiqueta determinado, penalizando a los que no tienen una alta eficiencia energética”, ha explicado Susana Moreno, decana del Colegio de arquitecto de Castilla y León en Cadena Ser.
Por ello, ha reclamado la importancia de aumentar la financiación: “Es importante encontrar otras vías para continuar empujando para lograr una mayor rehabilitación de edificios. Las reducciones fiscales es una forma interesante para financiar las viviendas, porque suponen una desgravación que suple la falta de subvenciones directas”.
Cabe recordar que estas deducciones, las relativas a eficiencia energética para viviendas o comunidades de vecinos, se aplican para obras realizadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2026. Entre las distintas deducciones se distinguían:
- El 20% por las reformas que reduzcan hasta un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en viviendas habituales.
- El 40% por las reformas que reduzcan un 30% el consumo de energía no renovable, o mejoren la calificación energética, alcanzando las letras A o B en viviendas particulares.
- El 60% por las reformas en comunidades de vecinos que reduzcan un 30% el consumo de energías no renovables o que mejoren el nivel de calificación, llegando a las letras A o B.
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