El Partido Popular acaba de romper los puentes que le quedaban con Vox en Baleares. La derogación de la Ley de Memoria Democrática de la región -uno de los puntos clave del acuerdo de formación de Gobierno entre los dos partidos- ha decaído del orden del día del pleno de este martes tras el acuerdo del PP con PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca para no apoyar su liquidación.
Con esta maniobra de última hora, que ha sido planificada en el último momento tras meses de debates y protestas, la votación se incluirá en el pleno de la semana que viene que incluirá también la validación del decreto para subsanar las enmiendas que el PP apoyó por error en el debate de la ley de simplificación. Los partidos de izquierdas se han comprometido a dar su apoyo a la supresión de esas 34 enmiendas que la extrema derecha presentó al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los populares incorporaron hace dos semanas por error.
Tumbar esta ley formaba parte del acuerdo conjunto de Partido Popular y Vox para formar el Gobierno de las Islas Baleares. Para que la popular Marga Prohens fuese investida con la abstención del partido de Santiago Abascal, el PP aceptó y firmo 110 puntos del acuerdo programático, que incluía la derogación de la norma. No obstante, Vox ya había dado por rotas las relaciones y su apoyo a los presupuestos autonómicos después de que Ejecutivo regional amenazara con que el sistema educativo no tuviera la misma consideración que el catalán y esta dejara de ser la vehicular.
Una ley que ojos de Vox “no persigue los valores de libertad”
El pasado 10 de abril, el partido de extrema derecha registraba su proposición para la derogación y en la exposición de motivos sostenían que la ley “no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.
Hasta el momento, los populares habían mostrado su respaldo a la eliminación de la norma, que fue aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019). “No hemos escondido que tenemos un pacto de investidura”, se escudaba la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, cuando comenzó el proceso con la toma en consideración a principios de verano. Ahora, las tornas han cambiado, el pacto de investidura hace aguas y la relación entre los dos partidos se desquebraja.
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