La defensa del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont cree que el Tribunal de Cuentas solo está “perdiendo el tiempo” cuando abre la puerta a elevar a la justicia europea una consulta sobre la ley de amnistía, y ha solicitado que aplique la norma “sin más dilaciones” y archive el procedimiento.
El abogado Gonzalo Boye ya ha presentado su escrito ante el órgano contable, que pidió la semana pasada a las partes que les remitiesen sus respectivos informes sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que algunos de sus artículos pueden chocar contra el derecho comunitario.
Un movimiento que, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para hacer, al no ser un “órgano jurisdiccional”, al tiempo que cuestiona que, si llega a plantear la consulta, esta supere el filtro de admisibilidad o termine “convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables”.
El primer tribunal que planteó elevar la causa al TJUE
Puigdemont alega que el órgano contable está incumpliendo la ley de amnistía, que es “lo suficientemente clara”, y reclama a la consejera que está al frente del procedimiento que la “cumpla” y lo archive “sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento legal”.
El Tribunal de Cuentas fue el primero en poner encima de la mesa la posibilidad de consultar la ley de amnistía, que entró en vigor el pasado martes, ante la justicia europea en el marco del procedimiento en el que debe determinar la presunta responsabilidad contable de más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat en el empleo de fondos públicos para el proceso independentista catalán de 2017. La consejera, que suspendió el plazo para dictar sentencia, estimó que cinco preceptos de la norma “podrían oponerse a la interpretación” que viene realizando el TJUE del derecho comunitario.
En su informe de alegaciones, Puigdemont se opone al planteamiento de la cuestión prejudicial al estimar que este tribunal, “claramente”, no cumple con “los requisitos necesarios” para acudir al TJUE. Entiende que, aunque ejerce funciones jurisdiccionales para determinar la responsabilidad contable de quienes gestionan fondos públicos, “no se clasifica como un tribunal ordinario”.
Es un órgano constitucional que se limita a “cuestiones de responsabilidad contable” y no tiene la naturaleza de órgano jurisdiccional, según la tesis del abogado, que entiende que ni puede acudir al TJUE, ni tampoco podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Tras ahondar una vez más en la “inmunidad” que, como eurodiputado, entiende que ha tenido Puigdemont durante todo el procedimiento y denunciar que se han vulnerado sus derechos, el abogado culmina su escrito solicitando la aplicación de la ley de amnistía.
Noticia elaborada por EFE
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