
Junts per Catalunya paralizó el pasado martes, 30 de enero, la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Después de semanas de negociaciones, la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado mes de noviembre, volverá a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se retomarán las negociaciones con el objetivo de que el texto final convenza a los de Puigdemont.
El punto clave que ha generado más conflicto ha sido la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Tanto Esquerra Republicana (ERC) y Junts, por separado, registraron el 18 de enero en el Congreso textos similares para que estos delitos no quedaran excluidos.
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El cambio permitía exculparlos siempre que no supusiera una “violación grave de los derechos humanos”. Junts exigió al Gobierno hasta el día de la votación que aceptase los cambios de los independentistas para amnistiar todos los delitos de terrorismo y alta traición al Estado, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez se negó, lo que evitó continuar la tramitación de la ley. Por otro lado, ERC subrayaba que buscaba “suprimir la exclusión de los casos de terrorismo para blindar la amnistía al máximo, a la vez que se garantiza la inclusión de todos los casos”. Aún así, los dos partidos independentistas no han logrado encontrar una fórmula de negociación conjunta desde que comenzó el proceso.
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Junts y ERC: al habla
Horas antes de la votación, el president de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès, definió el texto como “robusto” y defendió la necesidad de ser aprobado. Pero después de que el texto fuera rechazado, Oriol Junqueras, presidente de la formación, aseguró que “no es bueno que esta ley no haya sido aprobada”. Para Junqueras, que fue condenado en 2017 por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el Gobierno, lo que deben hacer los partidos es “trabajar para beneficiar a la inmensa mayoría” de los ciudadanos y está convencido de que esta ley “lo hace.
Junqueras considera que, si bien no es la ley que ellos habrían hecho, la redacción sometida a votación “suficientemente buena” como para garantizar que “centenares de personas dejen de ser perseguidas”, por lo que insta a Junts a trabajar para beneficiar a la “inmensa mayoría” en todos los ámbitos posibles.
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“La ley tiene fuerza suficiente para no ir cambiándola en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y la quieren hacer naufragar”, ha dicho Pilar Valluguera, portavoz de Justicia republicana. “Esta amnistía no va ni de Puigdemont de ni de Rovira, va de las 1.500 personas que desde hace siete años tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo”, ha aseverado. Con esto, Valluguera se refiere a los alrededor de 1.500 amnistiados que la ley pretende perdonar tras la consulta ilegal del 9-N de 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
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