Cientos de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado hoy frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las diferentes policías autonómicas, que cuentan con una mayor retribución salarial. Además, también piden una jubilación “digna” y en igualdad de condiciones con el resto de policías que operan en el territorio español.
La concentración ha sido organizada por el sindicato JUSAPOL y ha sido apoyado por otras organizaciones como JUPOL o CEO y las asociaciones de la Guardia Civil, JUCIL y AEGC.
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A lo largo de la manifestación, los manifestantes han exigido que se aumenten las retribuciones por las dietas que perciben los agentes de ambos cuerpos por el ejercicio de sus obligaciones. Según denuncian los sindicatos organizadores de la protesta, estas retribuciones no se modifican desde el año 2005.
Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional mantienen que esta equiparación se debe producir con el objetivo de hacer cumplir el principio que exige que ante el mismo trabajo, se perciba la misma retribución salarial, algo que, según los sindicatos, se les lleva negando más de 30 años.
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Al mismo tiempo, estas mismas asociaciones, advierten al Gobierno que no se conformarán con medidas a medias o falsas equiparaciones, aunque también reconocen que “si que existe voluntad política para incrementar la partida para los policías”, declara Miguel Gómez, portavoz de JUPOL, a ConfiLegal.
Audiencia Nacional ordena renegociar equiparación salarial
El juzgado central de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ordenó en junio de 2023 al Ministerio del Interior a renegociar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por el que los salarios de policías y guardias civiles han incrementado una media de 500 euros al mes.
La sentencia de la Audiencia Nacional estima un recurso presentado en 2021 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ante el incumplimiento de la Administración de dos cláusulas incluidas en el acuerdo de equiparación.
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En concreto, la cláusula tercera alude a destinar 100 millones durante tres ejercicios (en total 300 millones) para incentivar el reingreso de los funcionarios en Segunda Actividad y reserva al servicio activo, en tanto que la cláusula octava recoge la aprobación de una ley que garantice que no se produzca una disfunción salarial entre las policías que ejercen las mismas funciones.
En comunicado, SUP y AUGC esperan que el Gobierno en funciones “no obstaculice” el cumplimiento de esta sentencia y que convoque con urgencia a una mesa de diálogo y negociación para el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.