Moreno se reúne este martes con Ribera a una semana del debate sobre regadíos de Doñana

El Parque Nacional de Doñana vuelve a escena. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá este martes con la vicepresidenta tercera y ministra par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, una semana antes de que el Parlamento andaluz afronte el debate final de la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana.

Según aparece en la agenda del Gobierno central, la reunión tendrá lugar en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, a las 16.30 horas, un encuentro en el que previsiblemente abordarán la iniciativa sobre los regadíos apoyada por el PP y Vox, y que cuenta con la oposición frontal de la ministra.

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Desde el comienzo de la tramitación de esta ley, el Gobierno central mostró su rechazo frontal a esta iniciativa y el Ministerio anunció que si se aprueba la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y pedirá su suspensión cautelar. El debate de la proposición de ley se trasladó al primer pleno de octubre en el Parlamento andaluz, después de que el PP decidiera posponerlo ya que en principio iba a coincidir la semana pasada con la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

La iniciativa, que ha generado una gran polémica con la oposición de los grupos ecologistas, de la izquierda y y de la Comisión Europea, regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

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El PP insiste en que esta iniciativa, que iba en el programa electoral de los populares, no va a suponer un peligro para el acuífero de Doñana y que no se va a amnistiar a los agricultores sancionados por extraer ilegalmente agua para sus cultivos.

¿Cómo es el proyecto?

El proyecto estima que unas 700 hectáreas de regadíos que se encuentran en estos momentos fuera de la ordenación puedan regularizar su calificación urbanística y con ello tener acceso a agua para riego cuando haya disponibilidad.

La disponibilidad queda condicionada a la obtención de los derechos del agua, que dependerá de que haya recursos y de obras hidráulicas pendientes de ejecución, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, ha dejado claro que no hay agua en mitad de la peor sequía en décadas y que no hay excedentes de los trasvases previstos, por lo que los regantes tendrán suelo catalogado como cultivable, pero no tendrán agua.

A esta polémica se ha unido en las últimas fechas la solicitud a España por parte de la Unesco de que antes del 1 de diciembre de 2024 envíe un informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y que implemente “con urgencia” medidas de protección, además de pedir el cierre de todos los pozos ilegales y expresar “su máxima preocupación” por esta proposición de ley.

El último movimiento de la Junta ha sido el anuncio a principios de septiembre de que va a comprar unas 7.500 hectáreas de Veta la Palma en en entorno de Doñana para aplicarla sperficie del parte un 14 por ciento y evitar la desecación de una zona de alto valor ecológico