¿Es inmune la economía española al bloqueo político? Las repeticiones electorales y los gobiernos en funciones no han supuesto un riesgo

España ha vivido varios ciclos de bloqueo político desde 2016, con gobiernos en funciones durante meses, investiduras fallidas como la del pasado viernes y repeticiones electorales. Dada la relativa novedad de estas situaciones, se ha barajado que los ejecutivos “interinos” podrían perjudicar a la economía al estar limitados en sus funciones. Sin embargo, los datos disponibles señalan que la incertidumbre sobre la política económica se ve mucho más influida por el momento en el que se encuentre el ciclo económico que por el estado del Gobierno de la nación.

Las proyecciones macroeconómicas de septiembre del Banco de España no contemplan el bloqueo político como un riesgo para la evolución económica. El motivo, según explicó durante la presentación de las proyecciones el director general de Economía y Estadística de la institución, Ángel Gavilán, es que el indicador de riesgo político “se mantiene muy cerca de los mínimos históricos”. “No está incorporado en el ejercicio de previsiones como un factor importante de riesgo porque los indicadores de incertidumbre que monitorizamos no muestran un repunte de la incertidumbre en este ejercicio en concreto, no lo consideramos un factor de riesgo”, detalló.

El Banco de España elabora dos indicadores para llegar a esta conclusión: el de incertidumbre acerca de las políticas económicas (EPU) y la encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad (EBAE). El primero se basa en diferentes coberturas de prensa local y extranjera siguiendo una metodología similar a la de otros países, mientras que el segundo, creado en la pandemia, se basa en las respuestas de los cuestionarios de una muestra de empresas.

En concreto, el último dato del EPU, de agosto de 2023, sitúa el índice de incertidumbre de la política económica para España en 90, el valor mensual más bajo desde agosto de 2018, pese a que ya se habían convocado las elecciones anticipadas y se intuía que la investidura de Feijóo sería fallida. Si se compara la media móvil semestral, dato que recomienda el Banco de España para evitar variaciones bruscas, el índice también se situó en agosto en su nivel más bajo (121) desde enero de 2019.

De hecho, si se hacen las medias anuales de los últimos 26 años que disponen de índice, se observa que 2023, 2019 y 2016 no son los que tienen mayores niveles de incertidumbre, a pesar de que tanto en 2016 como en 2019 hubo gobiernos en funciones durante diez meses y se tuvieron que repetir las elecciones generales hasta que se logró formar gobierno. Cabe mencionar que, pese a estos datos medios, sí se aprecia en 2019 un índice de incertidumbre creciente, que, no obstante, inició la tendencia alcista en 2018.

Los años con mayores índices son 2012 y 2020, con valores medios de 222,5 y de 203,3, respectivamente. El primero coincide con la crisis fiscal y de deuda soberana en la Eurozona y el segundo con la pandemia global. Los años que les siguen en el ranking son los cercanos a estos: 2011 y 2021.

La conclusión que se extrae de los datos de la EBAE va en la misma dirección, aunque su antigüedad se extiende solo hasta el cuarto trimestre de 2020, el año de la pandemia. Según la encuesta, el 70% de las empresas preguntadas señaló que la incertidumbre acerca de la política económica producía un impacto negativo sobre su actividad durante el último trimestre de 2020. Este porcentaje ha bajado hasta el entorno del 50% en el tercer trimestre de 2023 y lleva todo el año en cifras muy similares. Aunque el dato pueda parecer elevado, el Banco de España defiende que “la magnitud de incidencia adversa de este factor seguiría encontrándose muy próxima a su mínimo histórico”.

El economista y director de Kreab Research, Daniel Fuentes, señala a Infobae España que los precedentes más inmediatos de interinidad gubernamental, en 2016 y en 2019, “no tuvieron impacto en el ciclo económico más allá de elevar transitoriamente la incertidumbre”. Esto se explicaría, en parte, porque los gobiernos en funciones “siguen atendiendo los asuntos ordinarios, la administración pública no se detiene”, detalla Fuentes. Además, sostiene que en comparación con los países de nuestro entorno, España tiene gobiernos “bastante más estables de lo que el ruido ambiente sugiere”.

¿Nuevos Presupuestos en 2024?

Los tiempos para la formación de gobierno tras el 23 de julio han impedido elaborar y presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, texto que debería registrarse en el Congreso el 1 de octubre si se quiere aprobar en tiempo y forma según el artículo 134 de la Constitución. Si bien la fecha tope de presentación de las cuentas públicas se ha incumplido en reiteradas ocasiones sin impedir la aprobación final de las mismas, la fecha definitiva es el primer día del siguiente año, el 1 de enero de 2024 en este caso. Si antes de ese día no se han aprobado unos nuevos PGE, se prorrogarán automáticamente los de 2023.

Fuentes considera que si finalmente Sánchez es investido cabría la posibilidad de que los PGE de 2024 se aprobaran en el primer trimestre del próximo año y recuerda que esto mismo sucedió en el segundo mandato de Rajoy, cuando aprobó los PGE de 2017 en junio del mismo año. Según la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el Ejecutivo está haciendo “trabajos previos” y considera “prematuro” decir que el Ejecutivo “renuncia a los PGE”, aunque sí reconoce que se retrasarán.

Lo único seguro por el momento es que el Gobierno en funciones enviará el Plan Presupuestario a Bruselas antes del 15 de octubre. Este documento actualiza el escenario macroeconómico previsto por el Ejecutivo, detalla las líneas principales de la política fiscal que llevará a cabo y suele ser el marco para los presupuestos.