El Gobierno italiano y el Tribunal de Cuentas, enfrentados por los fondos europeos

Roma, 29 may (EFECOM).- La aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) italiano por la pandemia, dotado con 191,5 millones de euros de fondos europeos, ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno de Giorgia Meloni y el Tribunal de Cuentas, que controla las finanzas públicas y al que, tras su último informe, el Ejecutivo ha pedido "un enfoque constructivo".

"Somos guardianes de la legalidad y la democracia. Nuestros controles son fruto de las normas europeas y deben acompañar al PNRR", declaró este lunes el fiscal general del Tribunal, Angelo Canale, sobre las críticas del Gobierno, que, dijo, le causan "amargura", mientras el vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que "Italia no perderá nada".

En su último informe, publicado el pasado jueves, el Tribunal actualiza el ritmo real de gasto de las intervenciones incluidas en el PNRR e indica que en los cuatro primeros meses de 2023 se han gastado 1.200 millones del total de 32.700 previstos para este año, sin apenas cambios en las inversiones públicas respecto a hace dos meses.

"Nuestra autonomía e independencia son características inalienables que tranquilizan a los ciudadanos", recordó Canale en el diario "Repubblica", antes de añadir que entre las obligaciones del Tribunal de Cuentas figura "señalar cualquier cuestión crítica" con un espíritu "de colaboración".

Tajani, por su parte, restó importancia a los posibles retrasos: "Italia aportará las correcciones antes del 31 de agosto y tendremos todos los fondos previstos", insistió en el "Corriere della sera", al tiempo que rebajó el enfrentamiento con el Tribunal de Cuentas, que "está haciendo su trabajo", aunque se mostró "de acuerdo con lo que ha dicho el ministro Fitto: esperamos un enfoque constructivo".

Tajani se refería a la declaración del pasado sábado del ministro para los Asuntos Europeos, Políticas de Cohesión y PNRR, Raffaele Fito, que instó a "todos a contribuir proactivamente a alcanzar el objetivo común: realizar plenamente el Plan, modernizar el país y hacerlo competitivo" y añadió que "sería deseable un enfoque constructivo del Tribunal de Cuentas", tras matizar algunas de las conclusiones de su informe.

"La fecha límite para proponer cambios es el 31 de agosto de 2023, y Fitto está trabajando con la Comisión Europea y las distintas administraciones para garantizar su plena aplicación. Vamos según lo previsto", dijo, por su parte, Meloni este domingo en "Il Messaggero.

El pasado 27 de marzo, tras varios retrasos, la Comisión Europea y Roma acordaron prorrogar en un mes la evaluación de los proyectos financiados con los fondos del PNRR, en concreto en los relativos a concesiones portuarias, redes de calefacción y urbanismo.

Hasta entonces Italia había cumplido todos los objetivos marcados para 2021 y 2022, un total de 151 respecto a los 527 comprometidos para 2026 -año límite fijado por la Unión Europea-, y ha recibido 66.900 millones de euros.

Pero ha quedado en suspenso el desembolso de 19.000 millones de euros vinculados a la segunda mitad del 2022, por los retrasos en la aplicación y los escollos burocráticos. EFECOM

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