El Gobierno aprueba 440 millones para publicidad institucional en el Consejo de Ministros que convoca las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales fruto del descalabro del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales celebradas en la víspera. Horas más tarde, reunió al Consejo de Ministros encargado de la disolución de las Cortes Generales, pero no solo de eso: autorizó un acuerdo marco para la difusión de campañas de publicidad institucional en medios de comunicación y otros soportes publicitarios por valor de 440 millones de euros.

Según dicta la referencia del Gobierno, el ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal. Este acuerdo, que sustituirá al anterior de 2020, tiene un plazo de duración de dos años, prorrogable otros dos de máximo.

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Paralelamente, el decreto de convocatoria de las generales, previstas para el 23 de julio, supone que de nuevo vuelven a estar prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propagada hasta la misma jornada electoral. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una vez publicado el decreto comienza oficialmente el periodo electoral, lo que conlleva una serie de normas para asegurar la neutralidad de los poderes públicos.

Es decir, que en los próximos 53 días estará en vigor la prohibición de realizar actos de inauguración y campañas de propaganda institucional para difundir logros de legislatura. Ese deber de neutralidad es lo que ha provocado que en la campaña del 28-M se hayan abierto dos expedientes sancionadores a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y se hayan cuestionado comparecencias de otros cargos públicos de ámbito autonómico de distinto signo político.

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Así, hasta el 23 de julio solo se permitirán las campañas informativas “que resulten imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos”, pero sin “connotaciones electoralistas ni alusiones a los logros obtenidos por los poderes públicos”. Esta salvedad permite ‘indultar’ las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) o sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar o el trámite del voto por correo.

Prohibido queda realizar actos de inauguración de obras o servicios públicos, o proyectos de éstos. La Junta Electoral Central (JEC) no incluye en este apartado las inauguraciones institucionales de congresos, ferias de muestras, festivales o fiestas populares que se celebren de forma periódica en fechas coincidentes con un periodo electoral siempre que no haya alusiones a los logros de las autoridades intervinientes.

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