Tres policías antinarcóticos fueron arrestados tras ser sorprendidos exigiendo sobornos a automovilistas en El Salvador

Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la División Antinarcóticos fueron capturados tras ser sorprendidos intentando extorsionar a un conductor en Santa Ana, en un hecho que ha provocado indignación entre la población y encendió las alarmas de las autoridades sobre la integridad en los controles policiales.

El caso se originó cuando el conductor de un pick up fue interceptado en un retén sobre la carretera que conecta San Cristóbal La Frontera con Santa Ana.

Según la denuncia presentada, los agentes omitieron el protocolo habitual durante la inspección del vehículo e introdujeron un canino sin previo aviso, lo que causó daños en documentos importantes del conductor.

Al reclamar por los daños, el afectado recibió una exigencia de $200 y amenazas de que podría enfrentar más problemas si no entregaba el dinero solicitado.

La presión sobre la víctima continuó después del retén, ya que los agentes le solicitaron su número de teléfono y, posteriormente, le exigieron $500 adicionales. Con pruebas de la extorsión, la víctima acudió a las autoridades, lo que permitió iniciar el proceso de captura de los involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años; Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41 años; y Josué Enmanuel Godínez Presa, de 31 años. Los tres pertenecen a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y serán puestos a disposición de la justicia para enfrentar los cargos de cohecho.

Las fuentes oficiales confirmaron que los agentes enfrentarán, además, un proceso disciplinario interno. El procedimiento busca depurar de la institución a quienes incurren en conductas ilícitas, reforzando el compromiso de la PNC con la transparencia y la legalidad en sus filas.

¿Qué dice la Ley en este caso?

El Código Penal de El Salvador, en su normativa vigente, establece sanciones severas para el delito de cohecho o soborno. Las penas de prisión varían entre 3 y 10 años, de acuerdo con la modalidad del acto ilícito.

Para el caso de cohecho propio, la ley contempla condenas de 6 a 9 años de cárcel para funcionarios o empleados públicos que soliciten o reciban dádivas a cambio de realizar actos contrarios a sus deberes o dejar de cumplir con sus obligaciones.

El proceso legal que sigue a la captura de los agentes incluye la puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su vinculación a proceso y la posible imposición de medidas cautelares mientras avanza la investigación. Además del proceso penal, los agentes serán sometidos a un procedimiento disciplinario dentro de la institución policial, el cual puede concluir con la separación definitiva de la institución si se comprueba la violación a los principios éticos y legales que rigen el servicio policial.

La captura de estos tres agentes por cohecho en Santa Ana se suma a los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas por erradicar prácticas irregulares dentro de los cuerpos de seguridad y fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de combatir el crimen y garantizar el orden público.